El secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, explicó en rueda de prensa, en un receso de la reunión de la ponencia, que hasta las nueve de la noche se habían analizado los artículos 110 a 115, y posteriormente se continuará con los que van del 116 a 130. Mañana se tratará el resto de este título, del 131 al 173, y se votarán todos ellos.

López Garrido remarcó los "avances tan importantes que ha habido en el autogobierno de Cataluña", aunque ERC los "desprecie", gracias a que el PSOE ha tratado de, "reservando la constitucionalidad, acercarnos lo más posible a la propuesta del Parlamento de Cataluña", si bien reconoció que se mantienen las discrepancias en puertos y aeropuertos y en selecciones deportivas.

El nuevo Estatuto trata de "precisar y clarificar lo más posible las competencias del Estado y de la Generalitat, siempre con el límite clarísimo de las competencias estatales", dijo, con el fin de que "haya los mínimos conflictos" entre ambas administraciones, y con la garantía de que "la Constitución española está por encima de cualquier norma, y va a seguir estándolo".

En cuanto a la posición del PP, considera que se quiere quedar en 1979, sus enmiendas son "la fotocopia" del Estatuto vigente para que se repita un texto ante el que entonces, recordó, fue "reticente". Se ha quedado "un cuarto de siglo antes, ese es el problema del patetismo de la oposición en un título nuclear del Estatuto.

Por su parte, el parlamentario catalán de CiU Francesc Homs quiso hacer una similitud con el golpe de Estado perpetrado el23 de febrero de 1981 y recalcó que "hace 25 años alguien intentó sacar los blindados a la calle, y hoy hemos logrado blindar las competencias".

AUTODEFENSA, NO INJERENCIA

Nuria Gispert, también ponente de CiU, subrayó que el blindaje de competencias "no es una injerencia, sino una defensa del autogobierno de Cataluña", y pronosticó que con él se evitarán los "conflictos de competencias" generados por la inconcreción del texto vigente.

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, coincidió con las formaciones nacionalistas en que las competencias de la Generalitat se han ido recortando con las leyes de base del Estado, por lo que aplaudió que el artículo 111, sobre competencias compartidas, quede como lo propusieron los partidos catalanes.

En cambio, se mantienen las discrepancias en materia de selecciones autonómicas, en la que el PSOE "no tiene interés"; paradores nacionales, en los que IU-ICV considera que la Generalitat al menos debe participar en la gestión; y en puertos y aeropuertos, donde considera que los socialistas se han "echado atrás" respecto a los compromisos alcanzados.

EL ESTATUTO, ADELGAZA

El portavoz de ERC, Joan Ridao, lamentó que "hoy no es un día muy feliz, se ha adelgazado el Estatuto y hemos sufrido un duro revés", ya que no aparecen en el texto las excepciones en las que el Estado no puede intervenir con sus leyes de base en las competencias autonómicas, en temas "fundamentales como energía, minas, industria, medio ambiente, o mercado de valores"

Aseguró que "vamos para atrás" en cajas de ahorro, horarios comerciales; enseñanza de cero a tres años; en protección civil; selecciones deportivas, ya que "se ha modificado de arriba a abajo el precepto", en el que se ha eliminado el término "nacional" para referirse a la selección catalana; y el "el sumum de la improvisación: no se permite regular el régimen jurídidico de la lengua propia".

Joan Puigcercós, portavoz en el Congreso, criticó que tras acordar el traspaso de la gestión de puertos y aeropuertos de interés general a la Generalitat, y la creación de un consorcio con la participación de Aena para el de El Prat, hoy se plantea que el Estado tenga más peso en ese consorcio y ceda a Cataluña "aeropuertos deficitarios en inversiones y en gestión", mientras se queda "el más importante, el que genera más beneficios".

EXPULSAR AL ESTADO

El portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Federico Trillo, denunció que esta tarde "se ha consumado el blindaje absoluto de competencias", y se ha hecho "tratando de expulsar al Estado y la Administración del Estado de Cataluña basándose en un principio de desconfianza".

La diputada del PP Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que, a través de este Estatuto, "se delimita el alcance de la legislación básica que puede aprobar el Estado, y la convierte en meros principios orientadores, en mínimo común de lo que el Estado puede regular", con lo que se "debilita la igualdad entre los españoles", que es precisamente lo que garantizan las leyes de bases.

Concluyó que con este Estatuto se da "carta de naturaleza a la cosoberanía, a la bilateralidad", porque permite la participación de la Generalitat en algunas de las políticas generales cuya definición corresponde al Estado y, "tal y como está quedando, es una maraña de ambigüedades y un hormiguero de enfrentamientos".