Así lo precisó durante su intervención en el diálogo sobre las 'Claves de la futura reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia', que también contó con la participación del presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Jesús Norberto Fernández; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; y la epidemióloga y experta en envejecimiento Victoria Zunzunegui, y que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

En el transcurso de su alocución, Martínez hizo hincapié en que, a lo largo de la pasada legislatura, se produjo una “dramática y muy intensa reducción” de la lista de espera del sistema de atención a la dependencia “gracias” al plan de choque.

“Es decir, la inyección de recursos, más financiación, suele dar como resultado la reducción de la lista de espera”, afirmó, al tiempo que quiso “matizar” que en España hay “17 sistemas de atención a la dependencia”, porque cada comunidad autónoma “tiene su propia regulación, su propio catálogo y su forma de gestionar”.

En este punto, defendió que hay regiones con una lista de espera “razonable” y en las que, “en 100 días tienes tu resolución”, mientras hay otras con unas listas de espera “estructurales en el tiempo y en cantidad”.

TRABAJO CONJUNTO

“La diferencia entre comunidades autónomas, no solo en números, sino en tipo de servicios o cómo están de avanzadas en el cambio de modelo, es notable”, apostilló, convencida de que, aunque el Ejecutivo central “puede colaborar con recursos”, es necesario el “trabajo conjunto para saber qué está funcionando”, y de que los grupos de trabajo y “diálogo” articulados durante la pasada legislatura y que el Gobierno quiere “seguir impulsando” representan “un espacio para ir mejorando el sistema”.

En paralelo, juzgó “fundamental” la “presión ciudadana” para “exigir” a las administraciones públicas la adopción de medidas que “mejoren la calidad del servicio, reduzcan los tiempos de espera y vayan a esa provisión de cuidados en la manera en la que la ciudadanía está pidiendo”.

Por último, por lo que se refiere a la regulación del copago, la secretaria de Estado puntualizó que en la ley hay un “artículo específico” que “mandata la transparencia” en este ámbito, consciente de que “necesitamos saber, efectivamente, cuál es la aportación de los usuarios al sistema”, para, “a partir de ahí, hacer una revisión de estas aportaciones”.

“Y la ley también mandata al Consejo Territorial a revisar el copago en términos de progresividad o límites patrimoniales. Pone una serie de cuestiones para hacer esa contribución mucho más justa y progresiva respecto a la renta de cada una de las personas usuarias”, resolvió.

CERMI

En este sentido, el presidente del Cermi advirtió de que “una de las fallas sistémicas” en la atención a la dependencia en España es la financiación y de que existe una “financiación oculta que está completamente escamoteada”, en referencia al copago.

“El sistema de dependencia no nació gratuito, no nació sin necesidad de que haya aportación, como se dice eufemísticamente; participación en el coste de los servicios que dice la ley”, agregó, al tiempo que recalcó que, junto al porcentaje que deben aportar Estado y comunidades autónomas, por cuyo cumplimiento “se echan los trastos a la cabeza”, existe “otro tanto por ciento que puede ser un 20, un 30 o más por ciento”, que es aportación del usuario.

A este respecto, criticó que aún “no hay ni una mínima norma estatal” que lo regule, con lo cual, a su entender, “la desigualdad es absoluta y es todo absolutamente nada transparente”.

En este contexto, recordó que, desde hace ya casi una década, hay en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular que el Cermi promovió y que contó con el apoyo de 740.000 firmas de “españoles que dijeron ‘sí, vamos a regular unas condiciones mínimas aceptando el copago’”.

“Hemos hecho el esfuerzo de aceptar un copago y no tenemos una respuesta de copago. Yo creo que -en el Gobierno-, primero quieren arrojar luz, saber cuánto esfuerzo está haciendo la ciudadanía, para, después, intentar regular eso”, aseguró, al tiempo que reconoció que en el anteproyecto de reforma de la ley de dependencia “hay alguna vía abierta de regular el copago” o, “al menos, unas condiciones mínimas básicas”.

PMP

Por su parte, el presidente de la PMP insistió en que, incluyendo ese copago por parte del usuario, España está “rozando, si acaso, siendo generoso en el redondeo”, un 0,8% del PIB en gasto público en esta área, cuando la media de la UE alcanza el 1,8% del PIB.

“Es decir, tenemos que hacer una apuesta como país de invertir en este ámbito”, sentenció, al tiempo que, en relación a las listas de espera, indicó la urgencia de que el país se vaya “acercando a lo que marca la ley de procedimiento administrativo, de tres meses, o, en procesos complejos o especiales, seis meses”.

En la misma línea, denunció que “lo que no es de recibo es que estemos tardando 334 días de media en la resolución de los expedientes de dependencia y más allá todavía en los de discapacidad”.

“Eso no es posible como un país desarrollado, como un país fuerte como es el nuestro dentro de la Unión Europea”, aseveró, al tiempo que confirmó que “no es un tema imposible”, dado que, a su juicio, hay comunidades autónomas, entre las que citó a Castilla y León y Castilla-La Mancha, que “nos demuestran” que los tiempos de espera “se pueden ajustar a esa lógica que marca la ley, que pueden resolver en un tiempo razonable”.

En el mismo sentido, valoró que “están actuando de manera satisfactoria para los ciudadanos” y, además, “buscan un equilibrio adecuado entre las prestaciones de servicio y las prestaciones económicas”, razón por la cual incidió en que “no es de recibo” que “algunas todavía estén muy rezagadas” en “cualquiera de los parámetros que se analizan mensualmente con las estadísticas que hace el Ministerio de Derechos Sociales”.