El Gobierno de Unión del Pueblo Navarro, la marca del PP en la región, aprobó el 7 de marzo pasado (con efectos desde el 1 de enero) una ley por la que elevaba ls pensiones de viudedad hasta el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 451,2 euros.

La medida perseguía "superar la carencia de ingresos económicos suficientes de las personas titulares de pensiones de viudedad, para garantizarles un mínimo vital de subsistencia".

El Ejecutivo central sustenta su recurso en el criterio de que la determinación de la cuantía de las pensiones, incluidas las de viudedad, "es un aspecto esencial, y no ejecutivo, del régimen económico de la Seguridad Social,materia sobre la que el Estado ostenta competencia exclusiva".

El Gobierno considera que la ley navarra, "al alterar las cuantías de las pensiones de viudedad, vulnera las competencias estatales recogidas en el articulado de la Constitución".

El Congreso tramita precisamente en estos días la Ley de Medidas Específicas en materia de Seguridad Social, aprobada por el Gobierno para tratar de evitar las ayudas a los pensionistas decididas por diversas comunidades autónomas.

No obstante, el Conseo Económico y Social (CES), en su dictamen de la ley, ya advirtió al Gobierno de que no podrá evitar esas ayudas con la nueva norma.