Así consta en el Anteproyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

La puesta en marcha de esta tasa generó críticas contra la ministra de Ciencia y Tecnología, Ann Birulés, por parte de las principales operadores de telefonía. De hecho, Telefónica Móviles, Amena, Xfera y Airtel Vodafone mantienen recursos judiciales contra la citada tasa, al no estar de acuerdo con su imposición.

Además, han reiterado que el pago de este nuevo impuesto supone poner en riesgo el futuro de las empresas, sus planes de viabilidad y la generación de empleo del sector.