Este real decreto da continuidad al registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2, manejado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que lleva funcionando desde 2014.

Ese registro es voluntario y recoge los esfuerzos de las empresas, administraciones y otras organizaciones españolas en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera sus actividades.

A su vez, facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella de carbono con proyectos forestales ubicados en España, que generan beneficios ambientales y sociales como la absorción de CO2 de la atmósfera.

Desde entonces, se han registrado 14.250 huellas de carbono inscritas, 23.348 hectáreas han sido repobladas y se han reconocido compensaciones de huella de carbono correspondientes a 154.406 toneladas de CO2 equivalente.

“Medir la huella de carbono nos permite reducir las emisiones, mejorar los procesos productivos, ser más eficientes y competitivos, impulsar la innovación y ser menos dependientes de los combustibles fósiles”, señaló la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

VARIOS AÑOS

Tras varios años de funcionamiento del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, el Gobierno ha ampliado su alcance para dar cabida a nuevas tipologías de proyectos de absorción y a las huellas de carbono de evento, introducir aclaraciones adicionales que mejoren su funcionamiento, establecer nuevos requisitos de participación que completen los existentes, introducir mejoras en la tramitación y reforzar la coordinación con los registros equivalentes autonómicos.

“La ciudadanía española respalda mayoritariamente las acciones de lucha contra el cambio climático. Nos piden a los gobiernos que hagamos más, no menos. La gran mayoría de la sociedad española no es negacionista y teme el negacionismo”, defendió Aagesen.

DOS GRUPOS

El real decreto afecta a dos grupos de entidades, que estarán obligadas a registrar su huella de carbono y elaborar planes de reducción de emisiones.

Uno de ellos es el de empresas obligadas a aportar información no financiera y diversidad, las que formulen cuentas consolidadas y las sociedades de capital cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y tengan la consideración de entidades de interés público o cumplan la condición para ser considerada gran empresa.

El otro se refiere a la Administración General del Estado, concretamente departamentos ministeriales, sus organismos autónomos, las entidades gestoras, los servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades públicas.

“En el caso del sector público, la Administración General del Estado tiene la obligación de inscribir la huella en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el caso de las empresas, pueden voluntariamente inscribirse en el registro, pero lo que sí tienen que hacer es dar publicidad de esa información de la huella de carbono y también de cuál es su plan de reducción de emisiones”, sentenció Aagesen.