Según una respuesta escrita del Ejecutivo a la solicitud hecha por el diptado socialista Jordi Marsal, a la que ha tenido acceso Servimedia, el Ministerio de Hacienda "entiende que existen razones fundadas de derecho que justifican la no entrega" del contrato, al tratarse de un acuerdo entre "dos sociedades anónimas sujetas a la legislación mercantil en cuanto a sus relaciones".

A pesar de ser una empresa totalmente pública, en su actividad está sometida al ordenamiento jurídico privado civil, mercantil y laboral, en las mismas condiciones que sus competidores, según la repuesta del Gobierno, quien agrega que en el contrato entre Bazán y Seapoint se incluyó una cláusula de confidencialidad según la cual "ninguna de las partes usará, divulgará o comunicará a persona alguna (distinta de aquellas autorizadas) cualquier información reservada" durante y después de la vigencia del contrato.

Marsal, portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso, indicó a Servimedia que está estudiando la posibilidad de pedir amparo a la presidenta de la Cámara, Luisa Fernanda Rudi,como ya hizo cuando se le negó el contrato de compraventa de Santa Bárbara por la empresa norteamericana General Dynamics por razones similares.

Aunque el diputado socialista dijo también estar pensando en llevar a cabo una propuesta "más inédita" para tratar de encontrar una solución general a esta situación, "en la que los diputados no tenemos acceso a contratos hechos por empresas públicas y en cambio resulta que otras personas que no han sido elegidas de forma democrática sí tienen acceso a esta dcumentación".

La Empresa Nacional Bazán, hoy llamada Izar Construcciones Navales, suscribió en 1998 el mencionado contrato con Seapoint Enterprises, radicada en las islas Jersey, a la que pagó 546 millones de pesetas para que apoyara la venta de dos submarinos a Chile, según puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su informe de ese año, quien criticó la falta de información sobre ese contrato.

La propia empresa reconoció que se había destinado ese dinero a comisiones a la firma británica porhaber intercedido ante el Gobierno chileno la consecución del contrato por un valor de 60.000 millones de pesetas.