El titular de Economía, Pedro Solbes, señaló que el año que viene los salarios deben aumentar un 1,5 por cien (2,5, incluyendo deslizamientos), frente a un incremento previsto en la inflación de 3,5 puntos.

Sin embargo, reconoció que, incluso con este sacrificio salarial, el Gobierno no puedegarantizar una cifra de creación de empleo, porque eso siempre depende de que los empresarios quieran invertir.

Solbes hizo estas manifestaciones al término de la reunión del pacto social, en la que los interlocutores sociales y económicos pusieron de manifiesto su intención de seguir negociando, pese a las grandes diferencias que les separan.

Los sindicatos pidieron unos días para poder estudiar una nueva serie de propuestas presentadas por el Gobierno, dirigidas a reformar las pensiones y el sitema de prestaciones por desempleo.

En estas dos materias, los secretarios generales de UGT, Nicolás Redondo, y de CCOO, Antonio Gutiérrez, valoraron negativamente las iniciativas del Ejecutivo y señalaron que, aunque no están definidas con claridad, apuntan a un recorte de las pensiones y del seguro de paro.

A este respecto, el ministro de Trabajo, José Antonio Griñan, señaló que el Gobierno no descarta el incremento del periodo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva, enfunción de cómo evolucione la demografía.

Respecto al seguro de paro, el documento entregado a los interlocutores económicos y sociales defiende que se elimine como causa legal del desempleo los despidos procedentes y las extinciones de contratos por opción del trabajador.

También aboga por obligar a los perceptores del seguro de paro a pagar el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social y por limitar la cuantía de la prestación cuando el trabajador tenga también derecho a indemnización de desido. No prevé, sin embargo, un tope máximo para la cuantía del seguro.

El deseo del Gobierno, según indicó Solbes, es llegar a un acuerdo global sobre todas las materias del pacto social, salvo al reforma del sitema de pensiones, cuestión en la que admite que es necesario un debate más prolongado.

Eso supondría alcanzar acuerdos antes de fin de año sobre política de rentas, medidas de reactivación industrial y comercial, reforma del mercado laboral y de las prestaciones de desempleo, así como sobe la retribución de los funcionarios y de los pensionistas.

En esta cuestión, Redondo y Gutiérrez fueron terminantes al recalcar que consideran inviable llegar a acuerdos rápidos sobre el mercado de trabajo y los nuevos sistemas de pensiones y desempleo, aunque sí en cuanto a los salarios de los funcionarios y las retribuciones de los pensionistas.

A su juicio, el sacrificio que pide el Gobierno es "injusto y desequilibrado", por lo que no aceptarán una discusión realizada con prisas que ponga a os sindicatos "a las patas de los caballos", en palabras de Gutiérrez.

Redondo agregó que las centrales dan por sentado que las propuestas del Gobierno, tanto en el aspecto salarial como en el social, son un punto de partida "porque si lo fuesen de llegada, no habría acuerdo".

Por su parte, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, mostró su conformidad con que el Ejecutivo y los sindicatos negocien el incremento retributivo de los funcionarios y señaló que tampoco participarán activamente en a negociación sobre pensiones y seguro de paro, aunque darán su opinión.

Para la patronal, el punto fundamental del acuerdo debe ser el pacto de rentas, porque, según su análisis, las dos causas de la crisis son, al margen de los factores internacionales, los excesivos costes con que cargan las empresas y el elevado gasto público. Cuevas añadió que no es "ni optimista ni pesimista" sobre el futuro del pacto.

MEDIDAS ACTIVAS DEL GOBIERNO

Por otra parte, el Gobierno concretó a los interlocutores ociales las medidas económicas que piensa adoptar en 1994 para reactivar la actividad, entre las que se incluyen lineas de créditos para las pequeñas y medianas empresas por un importe de 10.000 millones de pesetas, a tipos de interés "blandos".

Para apoyar las exportaciones, se elevará al 25 por ciento la deducción en el Impuesto de Sociedades a las inversiones ligadas a las ventas al exterior y se estudiará la posible sustitución parcial de las cuotas de la Seguridad Social vinculadas a mejoras en l recaudación del IVA.

Además, elevará su financiación a la formación profesional, desde el 0,1 por ciento de la base de cotización actualmente (18.500 millones de pesetas) hasta llegar, progresivamente, al 0,3 por cien en 1996.