En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz puso el foco en el PP y le pidió que permita la aprobación de la reducción de la jornada y que no actúe como con la reforma laboral de 2021 pactada entre Trabajo, sindicatos y patronal en 2021, cuando se opuso pero su exdiputado Alberto Casero apoyó la norma por error y permitió su aprobación.

“¿Va a maniobrar el señor Feijóo para tumbar la reducción de la jornada laboral? ¿Va a hacer lo que hizo con la reforma laboral? ¿Quiere dañar a su país?”, inquirió Díaz, quien expresó que esta ley “está en las manos de 137 diputados del PP". En su intervención, la titular de Trabajo resaltó que el “debate es apasionante” y el PP tiene una “gran duda” con su posición.

Sobre Junts, dijo que “hay margen para la negociación”, pese a que esta formación independentista este lunes adelantó que presentará una enmienda a la totalidad porque la norma perjudica a las empresas catalanas. También precisó que el diálogo se llevará a cabo con discreción para que pueda dar frutos.

No obstante, incidió en que ella se tiene que “dirigir al PP, que en teoría es un partido de Estado”. “¿Para qué demonios sirven 137 diputados del Partido Popular?”, se preguntó Díaz, quien reveló que ha visto “sufrir” al PP cuando votó este año en contra del decreto ‘ómnibus’ que revalorizaba las pensiones o cuando parecía que la reforma laboral de 2021 se derogaba. “Me tengo que dirigir al PP y, además, lo voy a hacer diariamente”, avisó.

MÁS DE 40 AÑOS CONGELADA

La vicepresidenta segunda recordó que la jornada laboral legal máxima lleva más de 40 años sin reducirse, pese a que las formas de trabajar han cambiado a lomos de las nuevas tecnologías. De hecho, detalló que la media de los convenios colectivos ya está en 38,2 horas semanales, por lo que con este cambio legal se evita que haya quienes tengan un “privilegio” que otros no poseen porque siguen con jornadas más largas.

El cambio legal beneficiará a unos 12 millones de trabajadores, seis millones de ellos en tres comunidades autónomas: Madrid, Andalucía y Cataluña. “La productividad en España desde los años 90 está creciendo al 53%, mientras que la remuneración real de los asalariados lo hace al 22% y la jornada laboral se mantiene inalterada desde ese mismo momento”, detalló Díaz.

Según la ministra, “el Gobierno de España sabe muy bien a quién representa” porque es el Ejecutivo “de los trabajadores y trabajadoras”, aprobando una norma que “cambia la vida” de unos 12 millones de personas.

NO HAY RETORNO

Además, señaló que “el Gobierno ha cumplido y ya no hay retorno” y avisó de que ahora la norma no solo está ya en la calle, sino que tiene que “hablar” el Parlamento. “Vamos a tener la oportunidad de saber qué va a hacer cada formación política”, retó Díaz.

Asimismo, ironizó con que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy “soñaba con la España de los 20 millones de ocupados”, lo que no consiguió, mientras que este Gobierno va camino de los 22 millones de cotizantes.

En cualquier caso, se mostró consciente de que la norma tiene “poderosos no solo combatientes, sino adversarios”, aunque auguró que va a “abrir un debate de país que va a ser clave”.

Por otra parte, Díaz subrayó que en febrero el Consejo Económico y Social (CES) aprobó por casi unanimidad, y con el voto afirmativo de las principales patronales y sindicatos,, un informe que reconocía el “interés” de reducir la jornada. En cualquier caso, preguntada por las presiones que puedan estar recibiendo el PP y Junts desde patronales, la vicepresidenta segunda sentenció que “las formaciones políticas deciden ellas solas” y no los empresarios y arguyó que esto es porque la reducción de la jornada está “ganada en la calle”.

PROCESO

Cabe recordar que la medida fue aprobada en primera vuelta a comienzos de febrero y se esperaba que en pocas semanas la norma volviera al Consejo de Ministros, un trámite que se ha dilatado porque fuentes gubernamentales explicaron que se estaban desarrollando ya negociaciones con partidos políticos.

No obstante, con motivo de la cercanía del Día Internacional del Trabajo, Díaz avanzó que se aprobaría la pasada semana. Pero tras el apagón del pasado lunes, el Ejecutivo decidió aplazar unos días la medida.

Por el momento, el Gobierno no cuenta con el respaldo de suficientes diputados, pues necesita de Junts o el PP y ambos se muestran muy críticos con el texto en los términos actuales por ser perjudicial para el empleo y las empresas, a su criterio.

Los sindicatos han advertido de que si el texto se bloquea no dudarán en presionar a los partidos que se opongan saliendo a la calle, mientras CEOE ha reconocido que hablará con quien quiera escuchar, aludiendo así a PP o Junts, para intentar que la medida no se apruebe o que al menos no salga adelante como está diseñada en la actualidad.

La nueva norma pivota sobre un registro de jornada “fiable” e “interoperable”, instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo y, en consecuencia, el derecho al descanso efectivo y a erradicar las horas extraordinarias no ajustadas a derecho.

Por otra parte, se garantiza de manera más efectiva el derecho a la desconexión, para evitar que pueda exigirse el desarrollo de la prestación fuera de los horarios pactados, respetando el derecho al descanso y a la propia intimidad de las personas trabajadoras.