Así se expresó López en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde la parlamentaria de Bildu Idurre Bideguren le preguntó si se va a modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en línea con la reforma reciente del Estatuto de los Trabajadores para el empleo privado, donde se ha eliminado el despido automático por razón de discapacidad sobrevenida en situaciones de incapacidad permanente.

Se trata de una medida aprobada por casi unanimidad y pactada con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), con la que se permite que la persona afectada pueda elegir si desea explorar con la empresa la posibilidad de mantenerse en activo con una adaptación del puesto de trabajo o pasar a desempeñar otras funciones.

El ministro recordó que la Justicia europea ya ha dictaminado que el despido automático por discapacidad sobrevenida es un aspecto discriminatorio de la legislación que se debe corregir. Aunque precisó que no se hacía alusión expresa al empleo público, se entiende que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es “claro”.

“Esto implica, por lo tanto, que se cambie también a legislación para permitir que un empleado público a quien se le declare la incapacidad permanente total pueda continuar prestando servicios”, declaró López.

En este punto, el ministro explicó que el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, que se está tramitando en el Congreso, ha recibido varias enmiendas. Una de ellas, presentada por el PSOE, plantea las modificaciones para que el EBEP “recoja, también en el empleo público, el mandato” del TJUE.

En concreto, según Óscar López, la enmienda prevé la posibilidad de que, en el supuesto de declararse una incapacidad permanente, total o absoluta, puedan realizarse “ajustes razonables que permitan la continuación de la prestación de servicios, si fuera posible”.

“Yo espero que seamos capaces, con todas las formaciones políticas, de sacar adelante la ley, tanto en el Congreso como en el Senado, y que en esto también, una vez más, los trabajadores, en este caso servidores públicos, ganen en derechos”, resolvió López.

Por su parte, la senadora de Bildu que formuló la pregunta parlamentaria denunció que un empleado público con discapacidad sobrevenida pueda ser obligado a dejar su actividad profesional. “¿en qué situación se queda esta persona? Sin trabajo y con una pensión que le otorga la Seguridad Social, que es el 55% de su base reguladora por ser menor de 55 años”, deploró Idurre Bideguren.