A propuesta del Ministerio de Sanidad, esta declaración implica reconocer la salud visual como "un componente esencial del bienestar físico, emocional y social de la ciudadanía, adquiriendo un compromiso firme con su promoción, así como con la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz de los trastornos oculares y de la visión".

El Gobierno también se compromete a buscar el objetivo prioritario de mejora de la salud, "en un sentido amplio". En este sentido, se insiste en que para "seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud es preciso identificar cuáles son aquellos ámbitos que aún no encuentran en él una respuesta satisfactoria". Para el Ejecutivo, la salud visual es uno de los ámbitos en los cuales existe "un margen de mejora por parte de los poderes públicos a la hora de garantizar una protección de la salud".

En cuanto al gasto en salud visual, la declaración pone de manifiesto que de acuerdo con el Informe para el año 2024 del sistema sanitario español, "el gasto en la salud visual es de los mayores en términos relativos respecto al conjunto de gasto sanitario privado que realizan las personas en España". "Esta situación merma el carácter universalista y de mitigador de desigualdad en salud del SNS y puede suponer barreras a la hora de conseguir la equidad en el ámbito de la salud visual, especialmente importante cuando quien tiene que acceder a la prestación es la población infantil", explicó el Ejecutivo.

Asimismo, para abordar el compromiso de mejora de la salud visual, se identifican dos estrategias fundamentales centradas en prevenir, además, el impacto que los defectos de visión pueden tener en un grupo muy concreto de población como es la infancia. El primero es la detección de manera "sistemática y a accesible" de los defectos de visión mediante su medición en el ámbito sanitario (Atención Primaria) o educativo. El Consejo de Ministros apuntó que otro elemento "clave" para abordar los defectos de visión y lograr reducir tanto el impacto económico que estos pueden tener, como las desigualdades sociales en el acceso a los sistemas de ayuda visual, es la financiación de los mismos por parte de las instituciones públicas.