Los cuatro colaboradores que permanecerán en prisión, al igual que Jesús Gil, son Manuel Castel, presunto contable de la trama financiera; Juan Antonio Roca, ex gerente de Urbanismo; José Luis Jiménez, gerente de Contratas 2000; y José Luis Sierra, ex abogado del también presidente del Atlético de Madrid.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional decretó libertad bajo fianza de 150.000 euros (25 millone de pesetas) de otros dos colaboradores de Gil: Eduardo Gonzálvez, empleado de la empresa municipal marbellí Planeamientos 2000, y Javier Herrera, empleado de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

La presunta malversación de que se acusa a Gil consistió en la creación de numerosas "empresas fantasma", que cobraban al Ayuntamiento de Marbella facturas por obras que no se habían realizado.

El abogado de Gil, Horacio Oliva, ya ha anunciado que recurrirá la decisión de Del Olmo de ordenar la prisió incondicional de su cliente, al que sí se le ha levantado la incomunicación que el magistrado le impuso el pasado martes, al igual que a los demás acusados que siguen en prisión.

UNA LARGA JORNADA

A lo largo de la mañana, prestaron declaración ante el magistrado una docena de testigos, entre quienes se encuentran Sergio Santana, técnico informático de Planeamientos 2000; Antonio Serrano, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella; Oscar Benavente, presunto testaferro de Roca; y varios proveeores del municipio.

Asimismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ordenó la presencia de Castel para registrar de nuevo su despacho en Madrid, el cual fue inspeccionado ya el pasado martes, 16 de abril.

Además de prorrogar la prisión incondicional, aunque comunicada, para Gil y cuatro de sus seis colaboradores imputados en este caso, el magistrado ha decidido mantener el secreto de las investigaciones sobre este caso.

El titular del Juzgado Centralde Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga la querella presentada el 8 de febrero de 2001 por el fiscal anticorrupción Jaime Sánchez Junco, quien acusó entonces a Gil malversación y falsedad en documento público.

Según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, entre 1991 y 1995 Gil se apropió de casi 5.000 millones de pesetas, mediante el desvío de fondos de tres empresas municipales. El departamento dirigido Carlos Jiménez Villarejo sostiene que, de la citada cantidad, elalcalde de Marbella ingresó en sus cuentas entre 700 y 800 millones de pesetas.