La UPA considera que el Gobierno debe eliminar el impuesto especial para el gasóleo con destino a la agricultura, mientras el Tribunal de Defensa de la Competencia debe investigar y erradicar "las prácticas monopolísticas que existen en el sector, donde tres grandes operadoras controlan el 70% del mercado".

Según la organización agraria, el precio del gasóleo para uso agrario se ha encarecido en un 50 por ciento durante el último año, un coste al que los profesionales del secto no pueden hacer frente.

Las explotaciones agrarias de carácter familiar son las más afectadas por este problema, ya que su relación negociadora ante los distribuidores de gasóleo es más débil que el de las explotaciones agrarias de tipo empresarial y, por ello, el precio final al que consiguen el producto suele ser más alto.