El objetivo de la propuesta, dijo, es "conseguir un marco legal que facilite al Gobierno local el desarrollo de las políticas públicas que deben contribuir a la definición de una ciudad sin desequilibrios territoriales y socialmente cohesionada".

No obstante, aclaró que no se trata de alcanzar más competencias sino de desarrollar las propias y de optar por otra vía "que consideramos más razonable y efectiva", la de la cooperación entre las administraciones.

En cuanto a la financiación, Gallardón explicó que "no parece haber discusión en torno al hecho de que Madrid soporta más gastos que cualquier otra ciudad, debido a la capitalidad", por lo que, dijo, "debemos luchar por alcanzar para Madrid la financiación que necesita".

ORGANIZACION DEL AYUNTAMIENTO

El borrador del anteproyecto de Ley Especial para Madrid aborda, asimismo, los aspectos principales de la organización política y administrativa del Ayuntamiento, desarrollando y perfilando el régimen orgánico y competencial introducido por la Ley de medidas de modernización del régimen local aprobada en diciembre de 2003.

El diseño de un sistema de relaciones de cooperación entre Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento "para el ejercicio compartido de determinadas competencias de especial relevancia en el ámbito de Madrid como capital", es otro de los puntos recogidos en el anteproyecto. Entre estas competencias Ruiz- Gallardón señaló la seguridad ciudadana, la movilidad, y la gestión de servicios e infraestructuras.

El borrador propone, además, la transferencia por parte del Estado de determinadas facultades para reforzar la seguridad ciudadana en la gestión de los servicios e infraestructuras generales, telecomunicaciones y patrimonio histórico.

Todo ello va acompañado de propuestas de medidas de régimen jurídico vinculadas al desarrollo de esas competencias, así como a la modernización de la gestión municipal y las correspondientes para la mejorar el sistema de financiación local.

Ruiz-Gallardón informó de que este proyecto ya ha sido presentado a la Administración General del Estado, a la Comunidad de Madrid y a los grupos políticos del Ayuntamiento.