Vera acudió hoy por primera vez a declarar sobre el asesinato por los GAL del refugiado vasco Juan Carlos García Goena el 24 de julio de 1987 en Hendaya (Francia), aunque era la segunda ocasión en que Garzón le citaba en elación a este caso. La primera fue el pasado 7 de junio, pero la comparecencia no pudo celebrarse porque la víspera el ex secretario de Estado recusó al magistrado Garzón por enemistad manifiesta, falta de imparcialidad y haber pasado por el Ministerio del Interior y tener por lo tanto interés directo o indirecto en la causa.

El juez Javier Gómez de Liaño desestimó la recusación por falta de fundamento y multó a Vera con 100.000 pesetas por "abuso procesal", ya que los motivos esgrimidos eran prácticmente los mismos de la recusación contra Garzón presentada en el sumario por el secuestro de Segundo Marey, que fue rechazada por el juez Manuel García Castellón.

Dos semanas después de la abortada cita ante Garzón, Rafael Vera prestó hoy declaración, entre otras cosas, sobre las acusaciones del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

Este aseguró en el Tribunal Supremo haber asistido a una reunión en el despacho del ex ministro del Interior José Barrionuevo en 1987, cuando se produj el atentado contra García Goena, y en la que Vera afirmó que dicha acción la habían cometido Míchel Domínguez y José Amedo para presionar al Gobierno a fin de que solucionase sus problemas judiciales.

RESPETO AL JUEZ

Vera no quiso comentar sus declaraciones "por respeto al juez y a la instrucción". Sólo agregó que había declarado "lo que creía que debía declarar. Yo siempre soy cortés y educado con la justicia, y respetuoso". Fuentes de la acción popular señalaron que el ex secretario de Estado haba negado todas las imputaciones.

Señaló, sin embargo, que había ratificado ante Garzón lo afirmado ante el juez Eduardo Móner: que entre el 24 y el 28 de julio de 1987 estaba en París y no podía haber celebrado una reunión en el Ministerio del Interior como dice Roldán.

El ex secretario de Estado se negó posteriormente a carearse con Roldán por las mismas razones que había rehusado hacerlo en el Supremo, es decir, porque en su opinión el ex director general de la Guardia Civil carece de credibiliad. Por su parte, Roldán ratificó ante el juez sus exposiciones anteriores.

Rafael Vera concluyó que Roldán "dispara en todas las direcciones, a ver qué pasa. Toda esta situación no tiene buen aspecto, pero no solamente por mi caso o por el caso de otras personas como yo, sino en general para el país; esto no será bueno".

Después de Vera y Roldán, hoy estaban citados en relación a la misma causa el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga y el policía Angel López Carrillo, éste último coo testigo. López Carrillo manifestó el mes pasado al juez que policías franceses proporcionaron a Elgorriaga listas de refugiados vascos en el sur de Francia, entre ellos García Goena, a cambio de entregas de dinero procedentes de los fondos reservados.

INFORMACION COMPRADA

En concreto, el policía señaló que dichos documentos se los facilitaba Pierre Hassen, subinspector de la Policía Aérea de Fronteras, quien le suministraba cada 15 días información a cambio de unos 2.500 francos que le entregaba Egorriaga de los fondos reservados, unas veces en pesetas y otras en moneda francesa.

López Carrillo señaló que tras pagar por dicha información, operación en la que también participaba otro policía de San Sebastián, Rafael Barranco, entregaban una copia de los documentos a Elgorriaga y otra al entonces responsable de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo.

El policía también indicó que participó en dos ocasiones en el transporte de armas y explosivos desde Madrid a San Sebastián, siguiendo órdens de Rafael de Francisco, bayo cuyo mando le dijo Elgorriaga que se pusiera, aunque aseguró desconocer su destino.

Elgorriaga negó las imputaciones y dijo que hablaban de listas que "no ha visto en su vida", según señaló su abogado, Jorge Argote.

Por su parte, la acción popular y la acusación particular formularon varias preguntas a Elgorriaga que quedaron sin respuesta. Así, no contestó "cuál era el sistema de obtener información en la lucha contraterrorista, cual era el sistema de coordinaciónsi el Cesid se encontraba en esa mesa de coordinación en Guipúzcoa", según el letrado Teodoro Mota.

NO INVESTIGO EL ATENTADO

Además, como ya manifestó en el Tribunal Supremo, Elgorriaga "desconoce la existencia de una comisión hispano-francesa, en la que se insiste tanto siempre por parte del señor Vera", dijo Mota, y tampoco "investigó de 'motu propio', ni le ordenaron investigar las acciones de los GAL", incluído el atentado contra García Goena.

Preguntado Elgorriaga si existía amistad o eneistad entre él y López Carrillo, el ex gobernador respondió que no existía ningún tipo de relación, sólo una relación laboral. Negó asimismo que hubiera algún tipo de rencor o de actividad espuria por parte del policía, pero no quiso decir qué motivos, en su opinión, le movían a declarar en su contra.

Carrillo, por su parte, dijo que se había personado porque había sentido "piedad y pena" por la situación de la viuda de García Goena. En el mismo sentido, también se ha manifestado el Defensor del Puebl, que ha elaborado un informe solicitando que el Estado indemnice a la esposa e hijas de la víctima.

El ex gobernador civil de Guipúzcoa también rehusó carearse con el policía López Carrillo. Ambos mostraron igual firmeza en defender sus versiones.

Finalmente, Garzón anuló la comparecencia como testigo de Míchel Domínguez, prevista para esta tarde. El y José Amedo ya fueron juzgados por este atentado y absueltos por falta de pruebas.

SILENCIOS

Por su parte, Juan María Bandrés, abogado de l viuda de García Goena, señaló que "se va avanzando poco a poco y se van aclarando cosas, porque no se aclara solamente por lo que se dice, sino también por lo que se soslaya, por los silencios".

"No hay que olvidar que los que han declarado hoy son todos inculpados (salvo López Carrillo), por tanto tienen derecho a callarse y a no decir la verdad", afirmó Bandrés, que añadió que había habido "contradicciones y silencios muy expresivos".

Bandrés añadió que creía que el fiscal era contrario a trasadar la causa al Tribunal Supremo, como ha reclamado la defensa de algunas de las partes al aparecer en la misma el ex ministro José Barrionuevo, actualmente diputado y por lo tanto persona aforada.