Aunque tan sólo faltaban por intervenir en la vista los abogados de Julián Sancristóbal, Rafael Vera y José Barrionuevo, todos ellos procesados en la causa, la sala acordó suspenderla hasta las 17 horas de esta tarde.

El fiscal, que también recazó las citaciones del ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y del dirigente socialista José María Benegas, argumentó su oposición en la insuficiencia de los datos existentes contra los aforados en el sumario y en la "coherencia" procesal con sus anteriores dictámenes rechazando dichas citaciones.

Durante su exposición, el fiscal destacó que una lectura del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría hacer pensar que al haber una imputación contra González, procedente de Ricardo Garía Damborenea y de Sancristóbal, habría que citarle como imputado ya que dicho artículo establece que ha de ponerse en conocimiento de los presuntamente inculpados la admisión de una denuncia o querella contra ellos.

Sin embargo, recordó que cuando el Tribunal Supremo admitió su competencia para instruir el 'caso GAL' no supuso la admisión de una denuncia o querella contra esas personas, sino que significó que al menos en uno de los aforados, Barrionuevo, se daban los suficientes elementos para considrale imputado y llamarle a declarar, sin precisar que esa circunstancia concurriese en los otros tres aforados.

El fiscal también indicó que, ante unas acusaciones contra una persona, tanto el juez como el fiscal deben hacer una "prevalorización" de las mismas, y agregó que sólo se acordará la citación como imputado cuando dicha "prevalorización" dé lugar a que el instructor considere que existen datos suficientes para dichas comparecencias.

Añadió que, a pesar de la "laboriosa" instrucción realiada por el juez Móner, que practicó numerosas pruebas, entre ellas la declaración de Luis Roldán, que implicó a González, en la causa no hay datos de relevancia para citar al ex presidente, por lo que dijo que "ni entonces ni en la mañana de hoy" hay motivos para cambiar su criterio.

Por otra parte, el fiscal rechazó, además, que Roldán pueda ser considerado un testigo de referencia, ya que, aunque dijo que Barrionuevo le había indicado que González estaba implicado en los hechos, no fueron corroborads por el ex ministro. "Nos encontramos ante un muy peculiar testimonio de referencia porque la persona en quien se pone en su boca las afirmaciones no las corrobora", concluyó.

MALA PRAXIS

Al igual que el fiscal, tanto el abogado del Estado como la representante de Segundo Marey, cuyo secuestro por los GAL investiga el juez Móner, se opusieron también a las citaciones. Olga Tubau, la abogada de Marey, afirmó que no basta la mera atribución de un hecho punible para llamar a una persona como imputada,a pesar de que, a su juicio, esa "mala praxis" existe en los tribunales.

Tras resaltar que las declaraciones como imputados de los aforados nada aportarán a la instrucción, dijo que su principal interés es que los responsables del secuestro sean juzgados y condenados pero también "que no se dilate la instrucción porque desde 1983 Marey espera la reparación de los daños irreversibles que sufrió" con el secuestro.

Por el contrario, Teodoro Mota, abogado de la acción popular, insistió en que la neceidad de que González declare como imputado y señaló que el procesamiento de Barrionuevo dictado por el juez Móner se basa en las declaraciones de García Damborenea, por lo que consideró "llamativo" que ese mismo testimonio no sea suficiente para imputar al ex presidente.

Asímismo, resaltó que dicho auto de procesamiento señala que el secuestro de Marey se pagó con fondos reservados y que el ex ministro y Vera se integraron en los GAL con funciones directivas, lo que, a su juicio, es suficiente para cosiderar a González imputado.

Tras Mota intervino el abogado de la acusación particular, Miguel Castells, quien dijo que la investigación se encuentra en un punto que hace necesarias esas declaraciones, dado que las actuaciones, a su juicio, han revelado ya un funcionamiento jerarquizado e institucional de los GAL y la existencia de una organización y planificación que trasciende al Ministerio del Interior.

Manuel Murillo, defensor de Francisco Alvarez, también insistió como Mota, en que el auto d procesamiento de Barrionuevo arrastra también a González "por un proceso de lógica jurídica" ya que, en su opinión, si el ex ministro se prermitió durante tres años realizar estos actos con fondos reservados es necesario preguntar al ex presidente qué hizo para paralizar las acciones, pedir explicaciones del uso de los fondos públicos y realizar investigaciones.

Finalmente, Enrique Fernández de la Lama, defensor de García Damborenea, dijo que apoya la comparecencia de González, Serra y Benegas como iputados, no para implicarles en el procedimiento, sino para ejercer todos los derechos en la defensa de su cliente, del que dijo que sólo debe ser condenado por los delitos que cometió.

Así, tras señalar que es necesario que se investigue la vía política de los GAL, que fue en la que partició García Damborenea decidiendo con González, Serra y Benegas las acciones en Francia, anunció que si la sala decide no llamarlos como imputados, él pedirá la próxima semana que comparezcan como testigos ya que "nosda lo mismo la condición en que comparezcan, lo que queremos es que hablen y expliquen".

En este sentido, el fiscal ya ha anticipado que se opondrá a las mismas porque son "doblemente inútiles" ya que González como ex presidente puede contestar por escrito y, además, al ser testigo no se le pueden plantear preguntas que supongan una implicación para él.