El ministerio fiscal acepta así los argumentos de Izquierda Unida, la formación política que el pasado 23 de septiembre presentó una denuncia contra el ex presidente Gabriel Cañellas y los miembros del Consejo de Gobierno que aprobaron la compra del edificio el 21 de marzo de 1991, por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversacón de fondos públicos.

Antonio de Vicente Tutor se pronunció hoy a favor de abrir una investigación sobre la operación en un escrito que trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. En dicho escrito, el fiscal indica que el Tribunal Superior debe instruir el caso porque es el único competente para procesar a personas aforadas. Gabriel Cañellas es aforado en calidad de diputado y presidente del Grupo Parlamentario Popular.

La compra de la sede de la Consejería de Agricultura se formalizóen 1991. El Gobierno pagó 745.920.000 pesetas a la empresa EDISALAM por un inmueble situado en la calle Foners de Palma de Mallorca. En la operación intervinieron tres agentes inmobiliarios que cobraron cuarenta millones de pesetas en comisiones. Uno de ellos fue Andrés Roig, socio de Gabriel Cañellas en la empresa urbanizadora Es Semente S.A. e Izquierda Unida sospecha que el entonces presidente del Gobierno Balear favoreció los intereses de su socio.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superiorde Justicia de Baleares decidirá en los próximos días si acepta la petición del fiscal o, por el contrario, no admite a trámite la denuncia de Izquierda Unida. Si el Alto Tribunal opta por abrir diligencias, éste sería el tercer caso instruido en el Tribunal Superior en el que aparece implicado Gabriel Cañellas, junto al 'caso túnel de Sóller' y el 'caso Calviá'.