Según fuentes fiscales, Barbero no actuó de forma incorrecta ya que el nuevo procedimiento abreviado permite al juez esperar a solicitar la concesión del suplicatorio hasta la apertura del juicio oral, ya que existe "una laguna legal" al resecto en la normativa.

Así, tal y como especifica el juez en sus resoluciones, ambos parlamentarios podrán negarse a comparecer en el Tribunal Supremo, ya que no están obligados dada su condición de aforados, si bien lo estima necesario "visto el estado que mantiene esta instrucción, la práctica de las Sala Segunda en causas análogas y la necesidad, a juicio de este instructor, de oir a los querellados".

Fuentes jurídicas recordaron que otros parlamentarios han prestado declaración sin mediar suplcatorio, como fue el caso hace algunos meses del senador de HB Iñigo Iruin, acusado de mediar en el cobro del "impuesto revolucionario" a dos empresarios vascos, o el del diputado Angel Sanchís en el "caso Naseiro".

Las mismas fuentes especificaron que el hecho de que los aforados hayan sido citados a declarar en calidad de querellados responde a las denuncias efectuadas por el ex contable de Filesa, Carlos Van Schouwen, lo que no implica su responsabilidad penal.

La fiscalía estudiará en los próimos días la providencia por la que el juez Barbero decidió remitir al ministerio público las informaciones aparecidas sobre el registro del Banco de España y el ultimatum al PSOE para que entregase sus libros de contabilidad por si fueran constitutivas de un delito de revelación de secretos, del que podrían ser responsables quienes difundieron las noticias.

Por otra parte, los magistrados Enrique Ruiz Vadillo, José Augusto de Vega y Luis Román Puertas adoptaron hoy una resolución sobre el recurso plateado por la fiscalía contra el auto dictado por Barbero por la que amplió las diligencias del caso hace ya más de un mes, cuyo sentido no ha trascendido porque no será notificado a las partes hasta mañana.

El fiscal estimó que las investigaciones ordenadas por el juez, que requirió numerosa documentación a empresas relacionadas con Filesa, eran innecesarias, ya que de las pruebas practicadas hasta el momento no se deducía responsabilidad penal de los aforados por lo que solicitó la remisión del proceo al juzgado ordinario.