A su juicio, aunque existen matices en la supuesta conducta delictiva de Rubio y del ex síndico de la bolsa Manuel de la Concha, ambos son corresponsables de los delitos de fraude fiscal, del que es autor Rubio y cooperador necesario De la Concha, y de una "falsedad masiva", de la que el ex presidente de Ibercorp es el autor y Rubio el cooperador necesario, de ahí que se justifique las elevadas penas a las que pueden se condenados y que podrían ascender a 20 años de cárcel.

Bermejo aunció que la detención de Rubio y de la Concha no supone la culminación de la investigación, sino que "lejos de llegar a la meta, nos hemos colocado en la línea de salida correcta". Añadió que además de la petición de prisión incondicional para ellos, la fiscalía solicitó ayer al juez el embargo de sus bienes para que puedan hacer frente a las multas y responsabilidades civiles que se deriven de su actuación y que podrían ascender a unos 35 ó 40 millones de pesetas.

Precisó que esa cuantía deberá ser bonada, en su caso, solidariamente por los dos detenidos, ya que sin la colaboración del uno, el otro no podría haber actuado. Aclaró que, por el momento, el juez todavía no se ha pronunciado sobre esa medida, ya que fue solicitada al juez de guardia y éste debe dar traslado al titular del juzgado número 6 que lleva unas diligencias sobre este asunto, para que lo resuelva tras tomar declaración a los detenidos.

"Lo que hemos hecho ayer es una etapa más en la que va ha haber muchas novedades", anunció ernández Bermejo, quien, sin embargo, no quiso precisar de qué tipo.

Justificó la decisión de solicitar la detención de los dos procesados a la vista de la "gravedad de los hechos" y dado que al formular la solicitud de prisión incondicional era imprescindible asegurar su presencia ante el juez en el caso de que accediera a la petición de cárcel. "Esto justifica una decisión siempre dolorosa que no agrada tomar", matizó.

Precisó que esa medida no fue adoptada fundamentalmente por un temor a que ls querellados se escaparan sino por la gravedad de los delitos, aunque afirmó que De la Concha poseía un par de billetes de avión para hoy con destino a Ibiza, por lo que había que "tener la cabeza fría".

Añadió que si la fiscalía no pensara que la prisión de Rubio y De la Rosa debería prolongarse, no hubiera solicitado la prisión incondicional para ellos, sino la prisión bajo fianza.

Relató que los hechos origen de la querella arrancan de 1980, año desde el que Rubio comenzó a operar con De la Cncha con una cartera de valores que, al acceder al cargo de gobernador del Banco de España en 1984, "aparecen alteraciones y una cuenta B opaca al fisco", con una mecánica de actuación a través de sociedades inerpuestas, dando como resultado un presunto delito fiscal en 1988, dado que los hechos anteriores a ese año han prescrito.

Agregó que "esa mecánica de ocultación de dinero" se produce con actuaciones "muy graves" por parte de De la Concha con su cliente, cometiendo falsedades que en el caso del x síndico, al ser un agente de Cambio y Bolsa, se incrementan, ya que al ser un fedatario público, el Código Penal considera la comisión de ese delito como "muy grave", con penas que podrían ascender a los 20 años de cárcel.

Ante esto, prosigió, era necesario plantear "una acción contundente", ya que el ministerio fiscal "no debe quedar insensible a lo que puede ser un clamor popular".

DERROTA MORAL

Preguntado sobre la actitud de los querellados durante su detención, no quiso entrar en muchos dtalles alegando que "entra dentro de una crónica que podemos obviar", aunque indicó que mantuvieron una postura de "derrota moral" y en algún caso de "elusión de lo ineludible", ya que las pruebas "son de una terquedad" que no se pueden obviar.

Sobre el hecho de que la fiscalía haya ordenado la detención de los dos querellados, Hernández y Bermejo señalaron que es un hecho previsto por la ley y dijeron que si no se producen más es porque el 90 por ciento de las diligencias penales las hacen los juecesy son por tanto ellos quienes ordenan las detenciones. A lo largo del año, la Fiscalía de Madrid ha ordenado 9 detenciones.

Bermejo dijo no tener constancia de que los documentos probatorios contra De la Concha y Rubio procedan de un robo, tal como dijo ayer el abogado del primero, y matizó que aunque así fuera, no podrían ser consideradas pruebas ilícitas ya que, en su opinión, sólo las son las conseguidas vulnerando los derechos fundamentales. "Comprendo que la defensa acuda al camino muy socorrido e la prueba ilícita", afirmó, "pero creo que en este caso no va a colar".

Eligio Hernández, por su parte, elogió en diversas ocasiones a lo largo de la rueda de prensa la labor de investigación de la Fiscalía de Madrid, de la que dijo que es encomiable, al dar una respuesta eficaz y con prontitud a este caso, al igual que en los demás, según precisó.

El fiscal general empleó la mayoría de su intervención para rechazar una y otra vez cualquier relación de estas detenciones con los últimos aconteciientos politíticos, diciendo que "no tiene nada que ver con la realidad" y que la investigación se ha llevado a cabo con "un rigor profesional estricto, dentro de la más absoluta imparcialidad".

Además, destacó que la decisión de prestar la querella ya estaba prácticamente tomada desde hace una semana, rechazando así cualquier relación con los últimos acontecimientos políticos y concretamente con la dimisión presentada ayer por el ministro de Agricultura, Vicente Albero, tras descubrirse que tenía unacuenta con dinero sin declarar en Ibercorp. Afirmó que incluso la decisión de convocar una rueda de prensa fue anterior al anuncio de la comparecencia hoy ante los medios de Felipe González.

PRESTIGIO

Hernández insistió en que la labor de los ficales fue realizada con rigor y dentro de las garantías constitucionales de imparcialidad, por lo que relacionar la presentación de la querella con intereses políticos "son intentos destinados a marchitar el prestigio de esta institución", de la que dijo que n este caso, al igual que en el resto, "ha hecho gala de una actuación eminentemente jurídica". A su juicio, quienes hacen esas imputaciones contribuyen "intencionada y malévolamente" a la corrupción.

Comparando la actuación de la fiscalía en este caso con Filesa, dijo que "no hay ni habrá dos varas de medir" y señaló que si hasta el momento el fiscal de ese caso no ha solicitado la adopción de medidas cautelares es "lisa y llanamente porque a pesar de haber acumulado miles de documentos y practicado ientos de diligencias, todavía no ha podido obtener una prueba".

También justificó el hecho de que no se hayan producido detenciones similares a éstas en otros casos investigados por la fiscalía, como fue el de Banesto o el de Elosúa, diciendo que no se pueden efectuar porque "carecemos de elementos probatorios mínimos" y rechazó cualquier imputación de pasividad diciendo que cuando no se esclarecen los hechos con la prontitud como en este caso es porque jurídicamente no es posible.

Hernández volió a reclamar más competencias en la instrucción para los fiscales ya que, a su juicio, se lograría mayor eficacia y como demuestra este caso, más rapidez en las investigaciones, "y podía ser mejor si se dan mayores facultades para investigar".