En un comunicado, la FADSP señala que confían en que el documento sirva para profundizar en la investigación de estas prácticas y, en su caso, se adopten las medidas "correctoras necesarias".

El informe ha sido enviado a los ministerios de Sanidad, Economía y Hacienda, así como a los portavoces de los partidos políticos con representación en las Comisiones de Sanidad y Consumo del Congreso y Senado.

Tambié lo han remitido al Fiscal General del Estado, al Fiscal Anticorrupción, al Tribunal de Defensa de la Competencia, al Defensor del Pueblo y a la Asociación para el Autocontrol de la Comunicación Comercial.