Según informó hoy el Gobierno, esta decisión nació de una propuesta de España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, con el objetivo de incrementar la cooperación en la lucha contra la falsificación del euro y reforzar las competencias de Europol en esta materia.

No obstante, el hecho de que Europol asuma este papel activo no quita sus competencias propias a los Estados miembros, que continuarán ejerciendo su labor en este campo.

En el caso de España, el organismo competente en esta materia es el Banco de España, que tiene labores de control y vigilancia sobre la falsificación de moneda.