En un comunicado, la AVT señaló que le resulta "inconcebible el alto interés, con todo tipo de despliegue de medios, del Gobierno español para que regresen quienes no pueden ser juzgados por haber prescrito sus delitos, o bien aquellos otros reclamados por delitos a los que corresponden penas menores, en contraste con la nula operancia para conseguir la extradición de quienes tienen que rendir cuentas ante la Justicia".

En este sentido, la AVT se muestra "dolida orque, una vez más, un gobierno de España muestra mas interés por los terroristas que por sus víctimas", y lamenta que el Ejecutivo prive a estas últimas "de sus derecho a ser resarcidas, al no poder ser juzgados sus agresores".

Asimismo, denuncia que el Gobierno, a través de los emisarios enviados a países hispanoamericanos en los que viven etarras exiliados "les promete concederles la libertad condicional, si acaso tienen alguna condena que purgar, o dar 'carpetazo' a su caso si el etarra en cuestió está siendo investigado", además de facitarles abogados, números de teléfono para información, y "no sabemos si tiene previsto buscar trabajo a quien lo solicite".