En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, encargado del caso, considera probado que, de acuerdo con las instrucciones recibids por la dirección de ETA de atacar a la Guardia Civil, López Riaño aceptó la propuesta de Soares Gamboa, de ampliar la información que les había facilitado otra terrorista sobre el cuartel que la Benemérita tiene en la calle Príncipe de Vergara.

Así, López Riaño y otros seis integrantes del denominado "comando Madrid", decidieron atacar un convoy de la Guardia Civil, formado por un autobús, un microbús y un Land Rover, que salía todas las mañanas a las 7,15 horas del mencionado cuartel y que pasaba pr la Plaza de la República Dominicana.

Para tal fin, siempre según la versión del fiscal Fungairiño, los terroristas cargaron una furgoneta marca Sava, comprada en junio en El Rastro de Madrid por 175.000 pesetas, con cinco ollas a presión llenas de tornillos, tuercas, varillas metálicas y eslabones de cadena, y las conectaron a 35 kilos de goma-2. La bomba se accionaría con un mando a distancia.

La dinamita había sido entregada a los terroristas, después de que el comando pidiera dichos explosivs a Santiago Arrospide Sarasola, quien los facilitó conociendo la utilidad que iban a tener.

Así, los terroristas aparcaron un turismo en la Plaza de la República Dominicana, de modo que "cada día, por la noche y a veces de madrugada, proceden a hacer la sustitución del turismo (...) por la furgoneta", conducida por Soares Gamboa y López Riaño. "Y como no pasa el convoy de la Guardia Civil, también cada día retiran la furgoneta y colocan en su lugar el turismo", hasta el día del atentado, el 14 de julo de 1986.

Ese día, a las 7,45 horas, uno de los etarras se colocó en una parada de autobús próxima al lugar donde estaba la furgoneta y al ver que se acercaba el convoy de la Guardia Civil, accionó con el mando a distancia el artefacto explosivo, lo que hizo que la furgoneta-bomba saltase en pedazos y alcanzase de lleno el lateral derecho del autobús. Como consecuencia de este atentado murieron, instantáneamente o en los días siguientes, un total de doce agentes.

Para el fiscal, los hechos descrtos son constitutivos de un delito de atentado con resultado de muerte, otros once de asesinato consumado, otros 78 más de carácter frustado y uno de estragos.

Por estos delitos el fiscal pide un total de 1.560 años de cárcel para Sarasola y 1.598 para López Riaño. La Fiscalía no pide que se condene a "Santi Potros" por los estragos, ya que así lo prohibía la extradición por la que fue entregado a España.

Por este atentado han sido condenados ya José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arran, Esteban Esteban Nieto e Inés del Río Prada. El último de ellos fue el arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa, sentenciado a 1.561 años de cárcel en abril de 2000 y a quien recientemente se le ha concedido el tercer grado penitenciario.