En concreto, la Comisión ha iniciado contra España 10 procedimientos de infracción por gestión incorrecta de vertidos. Los vertederos denunciados están localizados en Málaga, Formentera, Avila, Leó, Ibiza, Alicante, La Bañeza (León), Corcubión (La Coruña), Punto de Avalos (La Gomera, Islas Canarias) y Olvera (Cádiz).

De los 36 expedientes abiertos por las autoridades comunitarias, más de la mitad afectan a España y Grecia, que también debe hacer frente a 10 procedimientos de infracción. El resto se los reparten Italia (8), Irlanda (5), Reino Unido, Francia y Alemania, con 1 cada uno.

La comisaria europea de Medio Ambiente expuso estos datos en el transcurso del seminario organizado por la omisión en Bruselas con el título "Name, Shame and Fame", cuyo objetivo era sensibilizar sobre la importancia de una aplicación adecuada de la legislación de la UE sobre vertidos, para garantizar una gestión segura y eficiente de los residuos.

Wallström señaló que "los vertidos preocupan a nuestros ciudadanos. Recibimos un flujo constante de quejas de personas preocupadas por las repercusiones que pueden tener sobre su salud los vertidos ilegales o mal gestionados".

De hecho, las acciones legalesque ha empredido la UE contra los Estados miembros por vertidos incontrolados tienen su origen en quejas presentadas por los ciudadanos.

Para la comisaria de Medio Ambiente, "sólo si las autoridades nacionales respetan la legislación sobre vertidos podrá pedirse a los ciudadanos que confíen en esta técnica".

En este sentido, señaló que la Comisión también ha emprendido acciones legales contra Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Reino Unido por no haber adoptado y comunicado a la Comisin la legislación nacional completa por la que se transpone la Directiva de 1999 relativa a vertido de residuos dentro del plazo que concluyó en julio de 2001.

En el caso de España, la Comisión está evaluando la información que le ha remitido el Gobierno respecto a la trasposición de la directiva.

Las autoridades comunitarias consideran que la correcta aplicación de la legislación sobre medio ambiente por parte de los Estados es una de las condiciones necesarias para preservar los recursos naturals y la calidad de vida de los ciudadanos.

Por este motivo, la Comisión facilita la aplicación de la normativa por los Estados miembros mediante financiación procedente de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, destinada a conseguir que, por ejemplo, los vertederos ya existentes cumplan los criterios establecidos en las directivas.

Los vertidos incontrolados es una de las cuestiones que más preocupa a la Comisión, ya que revelan que en muchos países no se aplican correctamente la legislaión comunitaria.

La situación es más grave en la totalidad de los países candidatos, ya que el vertido es el método utilizado más frecuentemente para la eliminación de residuos tanto peligrosos como no peligrosos.

Según la Comisión, en todos ellos existe un elevado número de vertederos regionales y locales que incumplen la Directiva relativa al vertido de residuos y deberán ser mejorados o, en muchos casos, cerrados. Además, en algunos países existen numerosos vertederos ilegales que carecen de atorización con arreglo a la legislación nacional vigente.