La investigación, a cuyos resultados tuvo acceso Servimedia, se realizó mediante entrevistas a 770 personas que ejercían en 14 paises emergentes como altos ejecutivos de grandes empresas, responsables de bancos comerciales, cámaras de comercio bilaterales, expertos contables y bufetes de abogados.

Los paises invstigados como receptores de los sobornos fueron Argentina, Brasil, Colombia, Rusia, Hungría, Polonia, Africa del Sur, Marruecos, Nigeria, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia y Tailandia.

En un baremo de cero a diez, en el que la primera cifra representa niveles muy altos de soborno y diez muy bajos, el país que más recurre al soborno de funcionarios extranjeros para conseguir contratos es China (incluyendo Hong Kong), que tiene la puntuación más baja (3,1), seguido de Corea del Sur (3,4), Taiwa (3,5), Italia (3,7), Malasia (3,9), Japón (5,1) y Francia (5,2) y España (5,3).

En niveles de mayor limpieza que las empresas españolas en las prácticas desarrolladas para captar contratos y realizar inversiones en los paises citados figuran Singapur (5,7), Estados Unidos y Alemania (6,2), Bélgica (6,8), Reino Unidos (7,2), Paises Bajos (7,4), Suiza (7,7), Austria (7,8), Canadá y Australia (8,1) y Suecia, el país de mayor "fair play" comercial (8,3).

Transparency International ha realizado este ndice de la corrupción por primera vez en 1999 para complementar el que venía publicando anualmente desde hace cinco años, el Indice de Percepción de la Corrupción, que clasifica a los paises por el grado de venalidad de los servidores públicos, con especial atención al cohecho y la malversación de fondos públicos.

TI ha considerado que la difusión exclusiva de ese índice "era inadecuado, especialmente porque no refleja la responsabilidad de los paises exportadores en la corrupción internacional".

Además, entiende que la nueva investigación resulta particularmente oportuna después de que 34 paises hayan suscrito el año pasado un convenio de la OCDE en el que se comprometen a impedir que las multinacionales de sus paises (hay más de 60.000, según la ONU) paguen sobornos en el extranjero.

En virtud de ese convenio, el Congreso español aprobó una reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado 1 de febrero, que castiga con penas de dos a seis años de cárcel, y una multa del tanto el tripledel valor de la dádiva, a quienes sobornen a cargos políticos o funcionarios de paises extranjeros o de organizaciones internacionales para conseguir negocios y contratos.

El convenio de la OCDE suscrito por España partía del reconocimiento expreso de la extensión de este tipo de sobornos, que en algunas naciones desarrolladas llegaba incluso a ser desgravable en su país de origen por las multinacionales que los ponían en práctica.

A este respecto, el preámbulo del convenio de la OCDE reconoce abertamente que "la corrupción es un fenómeno ampliamente extendido en las transacciones comerciales, tanto de comercio como de inversión, que suscita graves preocupaciones morales y políticas, afecta a la buena gestión de los asuntos públicos y al desarrollo económico y distorsiona las condiciones de la competencia internacional".