Aunque no hizo referencia explícita a ello, Eligio Hernández quiso llamar la atención sobre las opiniones que algunos políticos están emitiendo en los ultimos días a raíz e los recientes casos abiertos sobre corrupción política.

Al acto de apertura del año judicial, que estuvo presidido por el rey Juan Carlos, asistieron el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, el presidente del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez Piñero, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, además de sus miembros, los magistrados del Tribunal Supremo y otros destacados jueces, como Miguel Herrero de Miñón y Landelino Lavilla.

ligio Hernández manifestó que "la dignidad de la política y del político exige que el ministerio fiscal dirija enérgicamente la acción penal contra aquellos que hacen del ejercicio de la política un instrumento de agio o granjería (especulaciones o beneficios que de ellas se obtienen) tipificado en las leyes penales".

ACCION ENERGICA CONTRA JUICIOS INFUNDADOS

"Pero también que (tal dignidad política) se oponga a la acción penal infundada con fines politicos dirigida contra quienes mayoritariamente eercen la política honestamente".

Además, el ministerio fiscal "debe velar por la dignidad de quienes ejercen la función política en el ámbito de los poderes legislativo y ejecutivo, en definitiva, de quienes se dedican al noble ejercicio de la política, imprescindible e insustituible en el sistema democrático".

En otro orden de cosas, el fiscal general del Estado señaló que los delitos contra la propiedad habían supuesto el 68 por ciento del total de denuncias presentadas en los juzgados.

Yasin ofrecer datos numéricos, indicó que durante el pasado ejercicio judicial hubo un ligero aumento de los delitos contra la vida, la libertad sexual, la libertad y la seguridad, y la seguridad interior del Estado.

Asimismo se ha producido, según sus informaciones, un menor número de delitos contra el honor y más denuncias contra el medio ambiente y la hacienda pública.

PASCUAL SALA EXIGE REFORMAS URGENTES

Por otra parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicil (CGPJ), Pascual Sala, que intervino seguidamente, propuso "la reforma inaplazable" del proceso civil y del contencioso-administrativo, al tiempo que sugirió la sustitución de las oficinas judiciales por otros elementos más ágiles.

Pascual Sala hizo estas declaraciones en el acto de inauguración del año judicial, presidido por el rey Juan Carlos, en el que se presentó la "Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia" de 1991.

El responsable del Tibunal Supremo consideró necesaria la supresión de muchos de los tipos de procesos existentes para los procesos civiles, que están regulados dentro y fuera de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sala abogó también por la reforma del proceso contencioso-administrativo, debido a la "sobrecarga de trabajo" que pesa sobre los órganos que los tramitan" y a la inclusión en esta jurisdicción del recurso de casación.

En su opinión, la oficina judicial "también presenta múltiples disfunciones prácticas" po lo que debe romperse la ecuación "un juzgado, una oficina judicial" y sustituir la burocratización, aislamiento y autosuficiencia de tales oficinas por elementos nuevos.

Para lograrlo, sugirió la creación de oficinas de apoyo a los jueces, oficinas comunes de tramitación, servicios comunes estructurados en unidades menores "jerarquizadas con adecuada caracterización de los distintos puestos de trabajo, gerencias de servicios y órganos de coordinación".

AUMENTO DE LA LITIGIOSIDAD

Según Sala, altiempo que se ha producido un elevada creación de nuevas plazas judiciales, la litigiosidad ha sido "igualmente considerable y continúa su progresión en la actualidad".

El número de recursos abiertos en los juzgados y tribunales de jurisdicción ordinaria ascendió en 1991 a 4.362.052, lo que supone un aumento de 773.694 casos sobre los incoados en 1990.

El presidente del Supremo considera que el aumento de las denuncias presentadas en las salas de lo Penal se debe en parte a que "se hace sin duda n uso, a todas luces indebido, de las vías penales".

Pero por otro lado, es consecuencia de que "los ciudadanos han tomado conciencia de sus derechos y de su protagonismo en la vida social y política, de manera indiscutible y legítima".

En cuanto a sentencias, los jueces y magistrados españoles emitieron el año pasado un total de 1.417.309, cifra que marca la realidad sobre la que "la sociedad española habrá de juzgar, a juicio de Sala, la eficacia de su justicia".

DILACIONES INDEBIDAS

Sal manifestó que el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas es un derecho fundamental, por lo que "el tiempo se convierte en una magnitud que mide la efectividad misma de la justicia".

No obstante, precisó que "es razonable un retraso originado en un período de transición caracterizado por un aumento notable del volumen de conflictividad", con lo que invalidó por insuficientes la apelación a la falta de medios y a la existencia de "tiempos muertos" en la actividad judicial para justificar retrasos n los juicios.

Sala, recordando palabras de un informe del CGPJ, destacó que, desde la entrada en vigor de las leyes de Demarcación y Planta Judicial (1985 y 1988) se ha realizado "una intensísima tarea de creación de nuevas plazas y órganos judiciales, posiblemente sin parangón a lo largo del último siglo".

Aunque faltan por crear -añadió- 486 plazas de las 3.736 que prevé esta norma, desde su entrada en vigor hay 1.270 nuevos plazas. El retraso se debe, según Sala, a que "el período originariamnte previsto en la ley (1989-1992), constituía un plazo excesivamente reducido, que obligaba a un acelerado ritmo de craciones frecuentemente disfuncional y perturbador".

UN JURISTA POR CADA 10.800 HABITANTES

Sala indicó que, como consecuencia de la ampliación por un bienio más del plazo de cumplimiento de lo dispuesto en la ley, se han creado 105 nuevos partidos judiciales que, junto a los ya existentes, ofrecen un total de 422.

Si al total de partidos judiciales se le añade el número de puests de trabajo que, en el ámbito judicial, deben crearse hasta 1994, habrá un jurista por cada 10.800 habitantes, con lo que la "eficacia" de la justicia española se homologaría, según sus palabras, a la media de la Comunidad Europea (CE).