El caso provocó la dimisión del entonces presidente provncial de la Cruz Roja, Antonio García Olid. Según el fiscal, los siete jóvenes, que tenían entre 18 y 19 años en el momento de ocurrir los hechos, obligaron a tres de sus compañeros recién incorporados al servicio a realizar actos degradantes, como pedir dinero en la calle, comprar droga en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, desnudarse de madrugada y ducharse con agua fría o permanecer durante horas en una habitación que acababa de ser fumigada.

El escrito del fiscal hace referencia a otr vejación, denominada "aquaola", el nombre del parque acuático de Granada, que consistía en introducir a un novato en un contenedor de basura lleno de agua y correr con él por la calle sin permitirle bajarse.

Las vejaciones se prolongaron desde noviembre de 1989 hasta los primeros meses de 1990. Como consecuencia de ellos, Antonio F.R. tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico y Juan Fernando F.G. padeció también trastornos psicológicos.

El fiscal pide un año y cuatro meses de cárcel para los proesados por sendos delitos de lesiones y coacciones, así como 1,9 millones en indemnizaciones y 1,5 millones en multas, a pagar solidariamente entre todos los acusados.