Las personas con discapacidad tendrán reservado un 5 por ciento de los puestos laborales en las carreras judicial y fiscal. Esta media fue sugerida a los grupos políticos por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El proyecto del Gobierno establecía una cota del 3 por ciento, que es la general vigente para la función pública. Sin embargo, la plataforma representativa de la discapacidad propuso a las fuerzas políticas que ese porcentaje se elevara dos puntos, para equipararlo al que regirá en unos meses para toda la función pública.

De acuerdo con el nuevo texto "se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que supeen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes".

Asimismo, la nueva disposición indicará que el ingreso de las personas con discapacidad en las carreras judicial y fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estaspersonas.