Los responsables de ese organismo aseguraron que el proyecto está ya en fase de discusión con los responsables de Turismo de las diferentes comunidades autónomas, pero advierten que la ley no será remitida al Consejo de Ministros hasta que la CE concrete los criterios que, en su opinión, deben reunir las viviendas en multipropiedad.

"No sería muy lógico", añadieron, "que aprobemos ahora una ley para luego tener ue reformarla en el plazo de seis meses, por eso hemos decidido esperar a ver lo que hace la Comunidad e intentar incorporarlo a nuestro borrador".

No obstante, el Gobierno español tiene muy clara cual es la regulación que debería hacerse de ese mercado inmobiliario, y ha incorporado al borrador de la ley, al que tuvo acceso Servimedia, la obligación de los promotores de suscribir dos pólizas de seguro para cubrir riesgos, tanto de las personas que habiten el inmueble como de los posibles defectos de onstrucción y mantenimiento que pueda haber.

Para las autoridades turísticas, el objetivo del borrador no responde tanto a los desmanes ocurridos en el mercado y que las organizaciones de consumidores han denunciado reiteradamente, como a la obligación de regular un sector que, por su novedad, aún no tiene ninguna normativa y presenta serias posiblidades de crecer en los próximos años.

"La ley no puede evitar una estafa como las que parece que están ocurriendo en casos aislados", añadieron, "y dehecho no lo hará, ya que las garantías para la adquisición de un derecho de uso sobre estas viviendas son las mismas que ya hay en el mercado para la compra de un piso".

ACLARAR CONCEPTOS

Lo que sí quiere concretar la nueva normativa es el contenido de los contratos que se hagan con ese tipo de promociones, ya que la mayor parte de los 132 complejos urbanísticos de tiempo compartido que hay en España anuncian la venta de una vivienda, cuando lo que comercializan es el tiempo que puede usarse ese inmeble cada año.

Entre las garantías que introduce el borrador del Gobierno figura la limitación a 51 semanas del tiempo de uso que podrá comercializarse cada vivienda y deja libertad para que cada comprador adquiera derechos sobre una o más semanas, pero exije la igualdad de oportunidades para todos los socios del inmueble a la hora de elegir los periodos que desean disfrutarlo.

Además, el borrador de Turismo introduce garantías de control sobre el inmueble para los compradores, mediante la obligaoriedad de constituir una Junta de Titulares, formada por el promotor del conjunto inmobiliario y todos los titulares de cada uno de los tiempos compartidos que se hayan vendido.

La Junta de Titulares tendrá competencias para elegir a un presidente de la comunidad de vecinos, examinar y aprobar las cuentas presupuestos de cada año, así como de las mejoras y el mantenimiento del inmueble. También podrá decidir la expulsión de alguno de los titulares.

Asimismo, será obligatorio informar al comprado del régimen interno del edificio, darle un plazo de una semana para anular el contrato sin coste alguno si no está de acuerdo con las condiciones, o devolverle las cantidades abonadas si lo hace después de ese plazo, excepto las que correspondan al periodo que haya podido disfrutar la vivienda.

Todas esas garantías, según las autoridades de Turismo, harán encarecerse el precio de las viviendas, ya que la ley no obligará a los promotores a correr individualmente con los gastos que provoque la aplicacin de la ley en los inmuebles de tiempo compartido que ya hay en España.

El Gobierno espera que la CE agilice los trámites del proyecto de directiva que ha presentado la Comisión Eueopea y que tanto la normativa comunitaria como la española, puedan entrar en funcionamiento antes del verano que viene.