En declaraciones a RNE, Jiménez Aguilar aseguró que el hacer pagar al empresario nuevamente los salarios de tramitación puede generar situaciones "insoportables", fndamentalmente para las pequeñas y medianas empresas.

Entre las soluciones que encuentra la patronal a esta solución está la vuelta a la situación previa a la aprobación del "decretazo", es decir, que el empresario pagara 60 días de salarios de tramitación y el coste posterior, hasta la fecha de la sentencia judicial, lo asumiera el Estado por el retraso de la Justicia.

Sobre los importantes cambios introducidos por el Gobierno, Jiménez Aguilar afirmó que "para este viaje no necesitábamos estas aforjas. Pagamos un precio muy serio con la huelga general, se creó tensión y, a fin de cuentas, nos hemos quedado más o menos en la misma situación" que antes de la reforma.

En cuanto a la negativa del Gobierno a restituir el subsidio agrario, el secretario general de CEOE reconoció que, aunque este sistema tiene "disfunciones", la reforma, dirigida a eliminar nuevas entradas al subsidio, "no se ha hecho probablemente en la dirección adecuada".