Según informó hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, a principios de verano, el Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación tuvo conocimiento de la supuesta utilización de documentos de identidad falsificados por parte de algunas personas, quelos habrían comprado a una organización de falsificadores para conseguir trabajo.

Las gestiones condujeron a los agentes a una empresa, que tenía contratado a un individuo con documentación falsa. Este trabajador fue detenido e identificado como Edward M.G., de 31 años.

Las posteriores investigaciones permitieron a los policías identificar a los supuestos cabecillas del grupo: Rogerio M.L., de 32 años, y Suzimar G.O., de 29. Los dos fueron detenidos, al igual que Vilma Nieves N.V., nacionalizada española, de 36, acusada de encubrimiento, y otras dos personas por infracción a Ley de Extranjería.

Edward M. tiene antecedentes por este último motivo, usurpación del estado civil, robo con fuerza y estancia ilegal, y Rogelio M., a causa de falsedad documental e infracción a Ley de Extranjería.

En el registro llevado a cabo en un inmueble de los detenidos, los agentes intervinieron material informático con diversos programas y aplicaciones, especializados para manipular documentos, tres ordenadores portátiles con software de edición documental, impresoras de inyección láser de alta resolución, que realizan funciones de escaneado, prensas, moldes, guillotinas, reglas calibradas, sellos secos, material reprográfico, papel fotográfico.

También se intervinieron lámparas ultravioleta utilizadas para detectar las marcas de seguridad de los soportes, dinero en efectivo, teléfonos móviles de última generación, trituradoras de papel, modelo industrial, paquetes de papel de distinto tamaño, así como documentación falsa: cartas de identidad de dos países europeos, certificados de NIE, permisos de conducir, tarjetas de régimen comunitario.

Según consta en las diligencias, los detenidos están dedicados profesionalmente a las falsificaciones. El precio de cada documento rondaba los 600 euros, tanto si era una tarjeta de residente comunitario como una carta de identidad, etc.

Hasta el momento, no se ha podido determinar el número de documentos falsificados; pero, dada la enorme cantidad de efectos intervenidos para lograr las falsificaciones y lo sofisticado de éstos, se supone alto. Rogerio M.L. y Suzimar G.O. han ingresado en prisión por orden judicial.