Así se recoge en el Informe anual de la actividad de la institución en 2024 que el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este martes en las Cortes Generales y entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Gabilondo también entrega al presidente del Senado, Pedro Rollán, el documento.

Este texto atestigua que la mejora de la salud mental de los menores de edad y de los adultos jóvenes constituye “un importante reto” y subraya que al mismo tiempo supone “una oportunidad para los sistemas de protección social y de atención sanitaria”, puesto que “en muchos casos” si se pone en marcha “un adecuado tratamiento a tiempo se podría evitar el agravamiento de las patologías menos severas o la cronificación”.

En ese sentido, la Oficina del Defensor del Pueblo considera “prioritario” que se lleve a cabo un “refuerzo de la atención a la salud mental en el medio comunitario, donde el paciente, también el menor de edad, sea protagonista de su recuperación y los profesionales cuenten con el tiempo y los medios necesarios para poder dar una respuesta terapéutica adaptada a las necesidades de cada persona, evitando de esta manera la institucionalización”.

En los casos en que la atención ambulatoria es insuficiente y se requiere “un esfuerzo terapéutico intensivo”, el departamento dirigido por Ángel Gabilondo constata “un paulatino incremento de quejas referidas a la insuficiencia de recursos específicos de media estancia para la atención de menores, y en algunos casos jóvenes adultos, que padecen problemas de salud mental, asociados a discapacidad intelectual o a adicciones, y que se beneficiarían de ese tipo de atención”.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo observa que en los casos de mayor gravedad los menores pueden llegar a pasar largas hospitalizaciones en unidades psiquiátricas de pacientes agudos como consecuencia de la “falta de plazas en recursos específicos para el tratamiento”. A lo anterior se añade que “la complejidad de los perfiles de los afectados complica aún más la asignación de recursos”.

A pesar de que el seguro escolar y la Seguridad Social facilita que los estudiantes con una enfermedad mental o trastornos de conducta accedan a recursos “más específicos y de atención multidisciplinar”, el documento expone que “hay una limitación de acceso” a éstos por cuestiones económicas, ya que “los tratamientos más complejos con internamiento requieren la cofinanciación por las familias”.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo solicita a las comunidades autónomas que “examinen en profundidad” las capacidades que tienen para hacer frente a los “problemas emergentes y más graves” de salud mental en la población infantil y juvenil.

Por último, sugiere que se cuente con más profesionales y recursos terapéuticos especializados para los menores, una “oferta asistencial para abordar los casos más complejos de problemas de salud mental y discapacidad en adolescentes y jóvenes” y “continuar fortaleciendo la coordinación entre los servicios sanitarios y los de atención social” en esta cuestión.