Estas fuentes especializadas en temas legales consultadas por Servimedia coinciden en que si es una consulta general a la ciudadanía debería plantearse como un referéndum y no como una consulta pública. Esto es así porque esas consultas en las que el Gobierno enmarca la de la opa se refieren a la elaboración de leyes y de la decisión del Ejecutivo no se espera una norma, o al menos no la liga a una norma como sí ha hecho hasta ahora. En las consultas públicas previas del propio Ministerio de Economía especifica que la consulta se abre “con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas” y en base al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Si no se trata de una consulta general a la ciudadanía y el objetivo es escuchar a los afectados, el encaje legal tampoco sería el de la consulta pública previa, sino el de la audiencia a los interesados de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

"INTERESES GENERALES DIFUSOS"

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que ha lanzado la consulta, viene defendiendo su amparo legal en que las consultas públicas se utilizan “para múltiples cuestiones” citando la elaboración de normas, el diseño de planes estratégicos o el trazado de carreteras, y la decisión de ponerla en marcha para la opa “tiene que ver con la existencia de intereses generales difusos y que sería difícil de conocer y hacer manifiesto en otro caso”.

Sin embargo, en la esfera política ponen en tela de juicio que este mecanismo se use para la opa y no para otras cuestiones que también pueden responder al interés general como la aprobación de la amnistía, el aumento del gasto militar o un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Y es que esta consulta para este caso es inédita. Las fuentes consultadas resaltan que en OPAS anteriores del sector bancario no se ha usado este mecanismo y genera inseguridad jurídica. Cabe señalar que esta OPA, de carácter hostil al no ser acordada entre las partes.

OPERACIÓN COMPLEJA

Esto ha generado el rechazo desde el principio de patronales catalanas y sindicatos que no han sido escuchados durante el análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que ahora tienen la oportunidad con la consulta del Gobierno. La Moncloa tiene en su mano endurecer las condiciones con las que ha salido la opa del estudio de la CNMC amparándose en razones de interés general. Las fuentes consultadas apuntan que ese concepto es muy amplio y para un tribunal, en el hipotético caso de que se judicialice esta fase, sería muy difícil concluir que no hay interés general.

Otro de los consultados por Servimedia y que prefiere ser citado es el despacho Navas & Cusí. Su socio director, Juan Ignacio Navas, anota que la fusión entre Bankia y CaixaBank es “ciertamente parangonable por su dimensión e impacto” a la opa BBVA-Sabadell y no se ha empleado la consulta pública y utilizarla en este caso “en el último segundo no aporta una imagen de seguridad jurídica en una operación tan compleja como esta”. Navas añade que al ser una consulta no preceptiva ni vinculante “es jurídicamente irrelevante”.