El proyecto de ley remitido por el Gobierno establecía una reserva de empleo del 3%, pero en la tramitación parlamentaria el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) propuso a los grupos parlamentarios que dicha cuota se elevara al 5%, para equipararla a la que regirá en unos meses para toda la función pública.

En virtud de esta refoma, se añade un nuevo apartado al artículo 301 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece: "Se reservará en la convocatoria un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que superen las pruebas selectivas y que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes".

Asimismo, la nueva disposición establece que "el ingreo de las personas con discapacidad en las carreras judicial y fiscal se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas, procediéndose, en su caso, a la adaptación de los procesos selectivos a las necesidades especiales y singularidades de estas personas".

Con esta medida, se extiende por vez primera la cuota de reserva a las carreras judicial y fiscal, que carecían de cupo de empleo en favor de personas con discapacidad al no serles de aplicacón las normas generales de la función pública y contar con legislación especial regulada en la LOPJ.

Según el CERMI, la aprobación de esta reserva supone un avance en el proceso de normalización profesional de las personas con discapacidad, que tendrán más facilidades para acceder al desempeño de responsabilidades profesionales con incidencia directa en la protección de derechos de los ciudadanos.