La reforma, que adapta el ordenamiento jurídico español a la directiva comunitaria sobre Sociedad de la Información, ha recibido el respaldo de PSOE, PP, CiU, IU y CC, y la abstención de ERC y PNV.

El punto más controvertido del texto ha sido el establecimiento de un canon por el uso de soportes digitales (excepto discos duros y ADSL) como remuneración compensatoria a los autores por copia privada. La industria electrónica y los consumidores se han opuesto a esta medida y las entidades de gestión de derechos de autor la apoyan.

Los portavoces de los grupos favorables al proyecto destacaron que la reforma ha salido con un amplio acuerdo parlamentario y con un equilibrio de intereses fruto del diálogo entre los sectores afectados.

Antonio Louro, portavoz del PSOE, dijo que esta ley "reconoce más derechos a los autores, busca conciliar las posturas de los distintos agentes implicados y establece más garantías jurídicas.

Para Beatriz Rodríguez-Salmones, del PP, la reforma sale muy mejorada del trámite parlamentario y consigue un equilibrio que "ayuda a superar enfrentamientos" en un momento crítico para la propiedad intelectual por culpa de la piratería.

Desde las filas de CiU, Jordi Vilajoana manifestó que su grupo realiza una valoración positiva de la ley, porque es el resultado de un diálogo con todos los sectores y establece "un marco equilibrado en beneficio de los sectores afectados", mientrasGaspar Llamazares, de IU, se felicitó por el amplio acuerdo político cosechado en torno al proyecto.

Los diputados de ERC y PNV, Joan Tardá y Aitor Esteban, respectivamente, coincidieron en atribuir la abstención de sus grupos a la falta de respeto a las competencias autónomicas en la que, a su juicio, incurre la norma.