Entre las reformas legislativas incluidas en el proyecto se encuentran la de acabar con ciertas prácticas abusivas muy frecuentes por parte de determinados operadores de telefonía y otros servicios de suministro. Así, será tan fácil darse de alta en un servicio como luego proceder a la baja, evitando las trabas y penalizaciones que imponen muchas empresas.

La prohibición de los redondeos al alza, así como la del cobro por fracciones horarias, sobre todo en los aparcamientos y en la tarificación de la telefonía móvil, son otras de las medidas que contempla el proyecto de ley, algo "muy importante", según el diputado de CiU Jordi Xuclá, quien alertó de que se tomen medidas para evitar "fraudes de ley", de forma que no se encarezcan las tarifas para compensar una tarificación más ajustada a la realidad.

Así, cualquier cláusula que estipule el cobro de productos o servicios no consumidos quedará expresamente prohibida. También se exigirá que las tarifas, horarios y normas de uso, por ejemplo en los aparcamientos, se faciliten de manera previa al consumidor.

Además, se exige que haya un servicio de atención personalizado y no cintas grabadas por sistema informático en los centros telefónicos.

Respecto a la compra-venta de viviendas, la ley da solución a cuestiones como la subrogación obligatoria del crédito propuesto por el promotor y aprueba la prohibición de trasladar determinados tributos que correspondan al vendedor.

Tras su paso por el Senado, la normativa ha incorporado una enmienda del PSOE que permitirá la devolución a los agricultores de un porcentaje del Impuesto Especial de Hidrocarburos.

La Cámara Alta incorporó también otra enmienda, del Grupo Popular, que demandaba la creación de un fondo de garantías para los clientes de sociedades de inversión en bienes tangibles como Fórum Filatélico y Afinsa, pero el Congreso la rechazó.

El diputado del PP José Ramón Calpe lamentó que la ley, aun incluyendo avances, no va a permitir resolver asuntos como los relacionados con la citada estafa filatélica, el caos de El Prat o lo relacionado con Air Madrid, por lo que la norma deja un sabor "agridulce".

El portavoz adjunto del PP, Vicente Martínez-Pujalte, criticó la negativa del Gobierno a crear un fondo para los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa, y reprochó a la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, el que tenga "abandonadas" a 400.000 familias que han visto que, "por la mala gestión" del Gobierno y una intervención "desproporcionada", están "peor".

La portavoz de Consumo del PSOE, Isabel Pozuelo, destacó los avances que supone la ley en la defensa de los intereses de los consumidores.

Pozuelo justificó el rechazo a la creación de un fondo para los afectados de Fórum y Afinsa porque se debería nutrir de las aportaciones de las propias empresas y en ningún caso beneficiaría a los implicados en ese caso, apuntó, antes de acusar al PP de dejar sin regular correctamente este asunto.

No obstante, la diputada del PSOE admitió que quedan cosas sin hacer, aunque, a su juicio, con la norma se evidencia el interés del Gobierno en la defensa de los consumidores, y agradeció las aportaciones de los grupos parlamentarios y de las asociaciones de consumidores.