Los nacionalistas canarios rectificaron el voto en contra que dieron en el trámite en comisión y respaldaron el proyecto al aceptarles el PP diversas enmiendas en favor de la mejora de las competencias autonómicas.

Entre esas modificaciones figura la de que los gobiernos regionales participarán en la configración orgánica de los denominados "centros integrados".

La diputada de CC María del Mar Julios justificó el cambio de sentido del voto de su grupo en que la mayoría popular había dado muestras de estar dispuesto a introducir una mayor "flexibilidad" en la ley en favor de las autonomías.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, se felicitó por el amplio "respaldo social y parlamentario" cosechado por el proyecto, y restó importancia a la amenazas de un recurso de inconstitucionalidad planteaas por CiU, subrayando que tanto el Consejo Escolar del Estado como el Consejo de Estado no han observado ningún punto en la reforma que vulnere la Carta Magna.

PROYECTO "IRRESPETUOSO"

Al margen de Coalición Canaria, las restantes formaciones de la oposición reafirmaron su oposición frontal al proyecto, con una amplia coincidencia de nuevo en las críticas a la invasión competencial de las autonomías que creen que entraña la norma.

Amparo Valcarce, del PSOE, insistió en que el proyecto es "inserible", porque "estigmatiza" a la FP, carece de financiación para la puesta en práctica de las reformas y es "irrespetuoso" con las comunidades autónomas.

Por CiU, Ignasi Guardans, reiteró el convencimiento de su grupo de que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre un proyecto que "desprecia" a las autonomías. En representación del PNV, José Juan González de Txabarri, habló de un modelo de FP que antepone la financiación a las organizaciones patronales y sindicales a los intereses eductivos y que es "retrógrado" y "franquista" en su capítulo financiero.

Luis Carlos Rejón, de IU, afirmó que el Gobierno ha hecho gala de una ausencia total de voluntad de consenso en esta ley, y sí en cambio ha evidenciado una "hartá" de centralismo político.

José Eugenio Azpiroz, del PP, rechazó las críticas de la oposición y destacó que de las 30 enmiendas incorporadas, 19 son de la oposición. Subrayó que su grupo ha sido sensible a las demandas competenciales y ha incorporado cambios sustancials, sobre todo de Coalición Canaria.