Así se pronunció este martes Micó durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, donde se mostró crítica ante el acuerdo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con ERC para condonar 83.252 millones de deuda a las comunidades autónomas.

Dijo que utiliza criterios “que tienen que ver con la crisis financiera del año 2008” y lamentó que “no han tenido en cuenta la situación de infrafinanciación histórica que tenemos muchos territorios, el que más, el País Valencià”.

Recordó que la Comunidad Valenciana tiene una deuda global de 59.000 millones de euros, de los que “47 000 millones vienen de la falta de financiación autonómica”. “Esa deuda la ha generado el Gobierno central, no la hemos generado los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el territorio valenciano”, ahondó.

En este sentido, apuntó a que “un 78,6% de deuda valenciana es a consecuencia de la infrafinanciación” y que con la propuesta de Montero “solo se reduce el 19%”. Así, señaló que “hay solo una reducción de 11.000 millones de euros de una deuda que tiene el Estado con nosotras”.

Defendió que esta propuesta “no soluciona la situación financiera de los valencianos, porque con una deuda que quedaría viva de 47.000 millones de euros, os podéis imaginar que nuestra situación de endeudamiento año tras año es la misma, no se solucionan los problemas de infrafinanciación”.

Micó lamentó también que se utilice el criterio de población ajustada y denunció que este se deja en la Comunidad Valenciana “a medio millón de valencianos y valencianas que no están registrados en los informes para hacer los ajustes”.

Pidió así “una actitud valiente” al PP y PSOE valencianos -que “han renunciado al acuerdo de unanimidad que tenían desde 2017”- y que “se unan de nuevo a la posición política para reclamar conjuntamente una negociación que realmente tenga en cuenta sus circunstancias y su singularidad”.

Concluyó destacando la importancia de “negociar para que esa deuda histórica que el Gobierno tiene con nosotras acabe siendo eliminada para poder sobrevivir y para poder realizar actividad política, social, económica y empresarial”.