"El nuevo Reglamento de Extranjería, a pesar de algunos avances concretos, ha defraudado las expectativas creadas, ya que carece de instrumentos realistas que encaucen de manera permanente la regularización de aquellos extranjeros que permanecen en nuestro país sin ser expulsados y sometidos a una grave inseguridad jurídica", indica un informe que ha presentado hoy esta organización sobre la situación de los refugiados en España.

Para paliar esta situación, CEAR y Cáritas Española impulsa desde 2004 el Consenso Social sobre Migración, que pretende evitar situaciones como las vividas en los últimos años, "producto de las constantes improvisaciones y el sometimiento de las políticas de inmigración a intereses políticos a corto plazo", señala Ayuda al Refugiado a través de un comunicado.

En un sentido más estricto, en lo relativo a las personas que piden asilo, el mencionado informe constata la "insuficiencia" de medios económicos disponibles para facilitar una integración real de todos los refugiados, así como la "inflexibilidad" para contemplar las nuevas situaciones que surgen en el itinerario de inserción social.

Asimismo, destaca "las enormes dificultades para la homologación de los títulos universitarios de los refugiados, puesto que en muchos casos no pueden aportar la documentación original de sus países de origen, son una expresión más y muy importante de su complicado proceso de inserción sociolaboral".

SOLICITUDES DE ASILO

Coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado, CEAR destacó hoy que desde el 13 de junio de 1994, cuando entró en vigor la reforma de la Ley de Asilo, hasta el 31 de diciembre de 2003, sólo fueron admitidos a trámite el 31,64% de los más de 50.000 expedientes de peticiones de asilo sobre los que resolvió la Oficina de Asilo y Refugio.

"Este porcentaje se reducirá aún más cuando podamos sumar los de los expedientes de 2004, ya que el año pasado sólo el 23,47% de los solicitantes de asilo fueron admitidos a trámite", apostilla el comunicado.

El informa analiza también la situación de los derechos humanos en los países de origen del 49,31% de las solicitudes presentadas en España. De estos datos se desprende, según los autores, que los gobiernos occidentales y las grandes empresas transnacionales priorizan "sus intereses geopolíticos y la maximización de sus beneficios en detrimento de la protección de los derechos humanos.

"Los floridos discursos oficiales y la retórica de las grandes cumbres no se traducen en actuaciones contundentes cuando se producen violaciones masivas de los derechos humanos", anaden.

Además, CEAR denuncia que "en numerosos casos las potencias occidentales cierran jugosos acuerdos de venta de armamento a países en conflicto en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales y las organizaciones sociales".