Así lo anunció la confederación en un comunicado en el que precisó que el Proyecto Rumbo, desarrollado entre 2022 y 2024, ha culminado como la “mayor experiencia colaborativa del sector de la discapacidad en España”.

“Su objetivo ha sido diseñar, testar y validar modelos innovadores de apoyo que garanticen el derecho a la vida independiente y la autonomía personal de las personas con discapacidad”, abundó, al tiempo que explicó que, coordinado por Cocemfe e impulsado junto a Aspace, Impulsa Igualdad, Daño Cerebral Estatal y Autismo España, Rumbo ha contado con el respaldo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con presencia en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Galicia, Rumbo ha implicado a 22 entidades y 280 profesionales, beneficiando a 6.225 personas con discapacidad, un 47,5% de ellas mujeres y un 37,8% residentes en entornos rurales.

La intervención ha permitido testar modelos innovadores de apoyo a la autonomía personal —como la asistencia personal, alternativas habitacionales accesibles, servicios de proximidad y soluciones tecnológicas centradas en la persona— y ha dado lugar a una arquitectura metodológica “sólida”, orientada a sistematizar aprendizajes, evaluar impactos y formular recomendaciones.

BASE EMPÍRICA

“Esta base empírica ha sido estructurada en una serie de estudios estratégicos que ofrecen evidencias clave para el rediseño de políticas públicas desde una perspectiva de derechos, sostenibilidad e inclusión”, abundó Cocemfe.

A su juicio, uno de los “hitos” metodológicos del proyecto ha sido la realización de un estudio de Retorno Social de la Inversión (SROI), que ha estimado un impacto total de 17,6 millones de euros derivados del modelo de asistencia personal, con un retorno de 3,75 euros por cada euro invertido.

“El 61% de este valor se atribuye al ahorro generado para las administraciones públicas, mientras que el resto beneficia directamente a las personas con discapacidad, los profesionales del sector y sus entornos cuidadores”, abundó la confederación, al tiempo que indicó que el análisis “destaca mejoras en la calidad de vida, el empoderamiento y la reducción de la dependencia institucional”.

En paralelo, resaltó que Rumbo también ha “reforzado” la contribución del sector de la discapacidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fortaleciendo la capacidad de España para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 y “consolidando un modelo de inclusión basado en derechos humanos y sostenibilidad”, dado que, según el Informe de seguimiento elaborado en el marco del programa, Rumbo ha contribuido a la reducción de desigualdades (ODS 10), la creación de entornos accesibles e inclusivos (ODS 11) y la promoción del empleo y trabajo decente para personas con discapacidad (ODS 8).

ODS

Desde una perspectiva de derechos, el enfoque del proyecto se “alinea” con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), puesto que, según el análisis realizado por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, el 85% de los elementos fundamentales del enfoque de derechos están presentes en Rumbo y el 68% de los derechos reconocidos por la CDPD han sido “activados” a través de sus intervenciones.

A ello se suma la publicación de un Informe Sombra, que identifica reformas estructurales necesarias para garantizar el derecho efectivo a la asistencia personal, adaptar la legislación de accesibilidad desde una perspectiva personalizada y promover modelos comunitarios de cuidado y vivienda.

“Las propuestas recogidas en este informe constituyen una hoja de ruta técnica y normativa para avanzar en la desinstitucionalización y la transformación del sistema de apoyos”, apostilló, al tiempo que señaló que, como resultado de la experiencia acumulada, el Proyecto Rumbo ha articulado un modelo integral de apoyos a la autonomía personal y vida independiente que se concreta en un catálogo detallado de servicios, recursos y figuras profesionales.

Este modelo, abarca desde la asistencia personal y los apoyos sociosanitarios hasta la adecuación de viviendas, la formación en habilidades para la vida autónoma, la participación comunitaria, el uso estratégico de datos y el acceso a la capacidad jurídica.

SIETE CATEGORÍAS

Estructurado en siete grandes categorías y con más del 50% de las actuaciones centradas en la comunidad, el catálogo responde a una concepción “transversal” de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida independiente, la accesibilidad universal, la no discriminación, la vivienda, la salud, la privacidad y la participación.

El catálogo de servicios que propone el Proyecto Rumbo tiene un carácter operativo y “replicable” que lo convierte en “un instrumento de referencia para los sistemas públicos de servicios sociales, con una clara vocación de transformación estructural”, según la confederación.

Los aprendizajes de Rumbo han sido sistematizados y difundidos por Cocemfe con el objetivo de facilitar su transferencia a políticas públicas y extender su aplicabilidad territorial.

“La evidencia generada, fruto de una gobernanza colaborativa y de un enfoque metodológico riguroso, constituye una referencia para el rediseño del sistema de apoyos a la vida independiente en España, desde una lógica de derechos, equidad y sostenibilidad”, reivindicó, convencida de que, para que el conocimiento generado y la inversión realizada “alcancen todo su potencial transformador”, resulta “imprescindible asegurar la continuidad de este tipo de iniciativas mediante el compromiso institucional y la asignación de recursos adecuados que consoliden sus resultados y escalen su impacto”.