Según informó la CNMV, se trata de circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del oferente que hacen que la oferta no pueda realizarse o resulte manifiesta su inviabilidad.

El hecho es que dicha autorización del Gobierno era una condición previa necesaria para que la CNMV pudiera autorizar la oferta en aplicación de la normativa vigente sobre tomas de control de empresas estratégicas.