Según fuentes judiciales, los "amenazados", entre los que se encuentran Jaime Campmany, Leopoldo Calvo Sotelo, Iñigo Cavero, Gabriel Cisneros y Ricardo de la Cierva, han recibido la visita en su domicilio de una pareja de guardias civiles que les informó que pueden ser objeto de atentado y les apemió a reforzar las medidas de autodefensa, sin ofrecerles protección oficial.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional indicaron que la orden partió de una providencia dictada por el ex juez Baltasar Garzón, el 20 de octubre de 1992, remitida al teniente coronel de la 513 Comandancia de la Guardia Civil en San Sebastián.

La fiscalía, que no tuvo conocimiento hasta hoy de este hecho porque la providencia no fue notificada al ministerio público, no entiende por qué las comunicaciones se estn llevando a cabo un año más tarde y lamenta la "alarma" que se ha provocado a estas personas de una forma injustificada, ya que la existencia del listado no implica una "amenaza directa" para las personas citadas, al no contener información sobre ellas.

Las mismas fuentes explicaron que la iniciativa de avisar a personas que pueden ser objeto de atentado, secuestro o extorsión por parte de ETA corresponde habitualmente al Ministerio del Interior, ofreciendo protección, a través del envío de una circuar, a las personas "seriamente amenazadas".

No obstante, añadieron que en esta ocasión Garzón actuó a propuesta de la propia Guardia Civil. Las personas avisadas figuran en la lista correspondiente a los apellidos que comienzan con las letras B o C, por lo que el número total supera con creces el millar de personajes públicos.

Fuentes del CGPJ comentaron por su parte el perjuicio psicológico causado a esta personas y sus familias, muchas de las cuales se han dirigido a la Audiencia Nacional y al ropio Consejo para exigir una explicación.

El máximo órgano de gobierno de los jueces ha emitido una nota informativa en la que anuncia su decisión de averiguar "los términos reales" de la información aparecida en el diario "Abc" sobre estas comunicaciones "y su alcance en el estricto marco jurisdiccional".