Este nuevo escrito de alegaciones, remitido a la sala el pasado mes de diciembre, forma parte de la tramitación por parte de la sala de un tercer recurso interpuesto por el abogado Iñigo Iruín contra la no desclasificación de los documentos, esta vez en nombre de los familiares de Ramón Oñaederra y de la viuda de Vicente Perurena, cuyos asesinatos por los GAL investiga el juez Baltasar Garzón.

Para la investigación de esta causa, el magistrado había pedido al Gobierno la desclasificación de un total e 18 documentos del CESID, lo que fue rechazado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto, decisión que Iruín recurrió ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Previamente, el abogado también había presentado sendos recursos ante el Alto Tribunal contra la negativa del Gobierno a desclasificar otros documentos reclamados por los jueces que investigan los 'casos Lasa y Zabala' y Lucía Urigoitia, en los que está personado.

En el primer caso, la fiscalía apoyó la desclasificación del únicode los cuatro documentos reclamados por el juez del 'caso Lasa y Zabala', Javier Gómez de Liaño, cuya existencia admitió el Gobierno. Respecto al sumario por la muerte de Lucía Urigoitia, el ministerio público también pidió que se levantase el secreto del documento requerido por el instructor, Justo Rodríguez.

Según las citadas fuentes, el nuevo informe de la fiscalía, que cuenta con el apoyo del fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, recoge los mismos argumentos de los anteriores escritos del inisterio público, en los que éste señaló que la no aportación de los documentos a los jueces lesionaba el derecho al uso de los medios de prueba pertinentes con indefensión para el recurrente.

Asímismo, la Fiscalía sugirió al Tribunal Supremo la posibilidad de que se dirigiese al Gobierno para que entregase los documentos, con el fin de que fuesen examinados "in camera" por una delegación de los magistrados de la sala antes de resolver el fondo de los recursos contra la no desclasificación.

Precsamente el próximo día 20, la Sala Tercera del Tribunal Supremo celebrará un pleno para decidir si admite las pruebas presentadas por las partes personadas entre los recursos, entre ellas la propuesta de la fiscalía de examinar "in camera" los documentos.