Así lo dispone una orden del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado que dispone las bases reguladoras de la concesión de este tipo de ayudas económicas.

El Cermi recogió que, en concreto, la orden ministerial enuncia que “se reservará un porcentaje del 5% de estas ayudas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que acrediten el grado de discapacidad y la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes”.

Las ayudas irán destinadas a colaborar en los gastos ocasionados, así como en los ingresos dejados de percibir por la preparación de pruebas selectivas de ingreso en estos cuerpos jurídicos del Estado, y podrán tener como contenido, tanto la entrega de una dotación económica, como la concesión de una suma de dinero junto con una ayuda en especie consistente en la prestación de servicios de preparación de las pruebas de acceso, mediante personal docente seleccionado y remunerado directamente por el Centro de Estudios Jurídicos.

Con esta medida de acción positiva, se favorece que personas con discapacidad con titulación en el ámbito del Derecho se planteen preparar oposiciones para su ingreso en estos cuerpos jurídicos del Estado, compensando las desventajas económicas personales o familiares que pudieran disuadirles de intentar el acceso al empleo público.