"Esta acción supone un hito jurídico y político sin precedentes para el movimiento social de la discapacidad en España, al activar por primera vez la vía del litigio estratégico internacional -en este caso ante el Consejo de Europa- como herramienta de transformación y garantía de los derechos sociales", afirmó el Cermi en un comunicado.

La reclamación denuncia la "vulneración sistemática y estructural" del derecho a la vivienda en lo que respecta a la "habitabilidad y accesibilidad para las personas con discapacidad, personas mayores y otras con movilidad reducida y necesidades para su autonomía personal".

La iniciativa, elaborada con el respaldo pro bono de la firma especializada del Estudio Jurídico Regula, se canaliza a través del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), ya que solo entidades sociales europeas están legitimadas para acudir a través de esta vía ante el Consejo de Europa. La reclamación presentada se fundamenta en la falta de cumplimiento de los estándares establecidos por la Carta Social Europea Revisada.

"Esta vulneración no es un hecho aislado, sino el resultado de años de insuficiencia normativa y de políticas públicas ineficaces para garantizar el acceso a una vivienda accesible para todas las personas", denunció el Cermi. “El acceso a una vivienda adecuada y accesible no es un privilegio, sino una obligación legal y un derecho fundamental. Esta acción internacional busca visibilizar la causa y exigir al Estado español el cumplimiento efectivo de sus compromisos en materia de derechos humanos".

La organización recordó que el artículo 31 de la Carta Social Europea establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso a una vivienda adecuada y que, en conjunción con el artículo 15 —que protege los derechos de las personas con discapacidad—, exige políticas públicas inclusivas y no discriminatorias.

La reclamación ha sido posible gracias a la labor del Cermi y la Plataforma del Tercer Sector, cuya acción impulsó la ratificación de la Carta Social Europea Revisada por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social en 2022.

Con esta primera reclamación colectiva, el movimiento asociativo de la discapacidad en España abre una nueva senda para la defensa de los derechos sociales desde una perspectiva de exigibilidad jurídica y justicia internacional, en alianza con las instituciones europeas. “Los derechos no se conceden: se conquistan, se reclaman, y cuando es necesario, se litigan, incluso más allá de nuestras fronteras”, insistió el Cermi.