Así consta en un estudio realizado por esta organización del que se desprende que los contratos para la adquisición de un piso tienen una media de 4,74 cláusulas o estipulaciones abusivas.

Las más habituales están relacionadas con la imposición de la subrogación a una hipoteca, así como la imprecisión en la fecha de entrega de llaves.

Además, en algunos casos se exonera a la empresa constructora en caso de vicios en la construcción o se limita al comprador del derecho a elegir notario.

Tras el análisis de los datos, CECU concluye que hay un "desconocimiento" por parte de los consumidores, tanto de los derechos que les asisten en el momento de firmar estos contratos, como de la vías de reclamación de que dispone.

"A pesar de los avances legislativos y jurisprudenciales, se advierte una falta de plasmación y reflejo práctico de las medidas adoptadas para proteger los derechos del comprador de vivienda", señala la organización de consumidores.

Por ello, CECU considera necesaria "una clarificación legislativa que finalice con la dispersión de pronunciamientos judiciales y, en consecuencia, con la incertidumbre del resultado de impugnar una determinada cláusula de la que dependa la reclamación del consumidor".