Los secretarios generales de las federaciones de Servicios Públcos de UGT (FSP-UGT), Julio Lacuerda, y de Servicios y Administraciones Públicas de CCOO (FSAP-CCOO), Carlos Sánchez, y el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, presentaron hoy en rueda de prensa un calendario de movilizaciones conjunto.

Sin embargo, al final de la rueda de prensa, Fernández quiso hacer una matización, que CSI-CSIF baraja la posibilidad de la huelga, pero que al día de hoy no la convoca. Explicó que en su momento, los órganos de gobierno del sindicato y sus afiliados decidirán sise suman a la convocatoria del paro.

La huelga de diciembre, que afecta a alrededor de dos millones de empleados públicos de todo el país, cierra un calendario de movilizaciones que comprende también la realización de concentraciones el próximo día 13 ante todas las sedes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en 52 cabeceras de provincia, en las que se hará entrega de las firmas que los sindicatos están recogiendo contra la subida del 2%.

El próximo día 16, UGT concentrará a las 12 hras a sus delegados en Madrid ante la sede del Parlamento, y ese mismo día a las seis de la tarde habrá manifestaciones en todas las capitales de provincia. El día 23 de noviembre, CSIF y CCOO concentrarán a sus delegados en Madrid ante la sede del Parlamento también, donde también entregarán firmas.

Sánchez explicó que, aunque las movilizaciones son conjuntas, se han hecho así para extenderlas en el tiempo. Además, los responsables sindicales advirtieron al Gobierno que con la huelga de diciembre no e acaba el conflicto, que continuará hasta que se atiendan las reivindicaciones de los sindicatos.

Los sindicatos piden una subida salarial del 4,7% para el 2001 (un 2% por la previsión de IPC, 1,7 puntos por la desviación de la inflación de este año y 1 punto por la buena marcha de la economía), lo que, según los cálculos de Sánchez, supone un coste adicional, a sumar al 2% presupuestado para el 2000, de unos 120.000 millones para el conjunto de los empleados públicos.

Además, los sindicatos conideran imprescindible la cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios. También piden la mejora de la calidad y estabilidad del empleo público, la eliminación de la tasa de reposición del 25% de vacantes, el derecho a la negociación colectiva y la retirada de la nueva normativa sobre movilidad geográfica de los funcionarios.

REIVINDICACIONES JUSTAS

Sánchez dijo que estas reivindicaciones son "modestas, lógicas y justas", y aseguró que hay margeneconómico para atenderlas si se tiene voluntad política. Dejó claro que los sindicatos no están dispuestos a aceptar que "el presupuesto con déficit cero se cargue sobre las costillas de los empleados públicos". Según Fernández, desde 1992, los funcionarios han perdido 13,5 puntos de poder adquisitivo.

Los responsables sindicales responsabilizaron al Ejecutivo del conflicto, porque "hemos llamado insistentemente a la puerta del Gobierno y da la callada por respuesta cuando le pedimos que convoque la msa general de negociación de la función pública". Insistieron en que el Gobierno dispone de tiempo para evitar la confrontación, y dijeron que sólo su "tozudez y torpeza" harán inevitables las huelgas.

UGT, CCOO y CSI-CSIF se han dirigido también a los grupos parlamentarios para que apoyen sus reivindicaciones. Lacuerda explicó que PSOE e IU han asumido en sus enmiendas a los Presupuestos del Estado del 2001 la cláusula salarial para los funcionarios, y que CiU en el ámbito de Cataluña también reconoc que la subida del 2% es insuficiente.