Bravo, que realizó estas declaraciones en la presentación del informe ‘Mercado de trabajo y protección por desempleo’ elaborado por el sindicato, deseó que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez cumpla “compromisos incluidos” como una protección a agricultores desempleados “más decidida” o “mejores” prestaciones para los trabajadores que no acrediten haber cotizado más de 12 meses.

Por su parte, la responsable de la elaboración del estudio, Hortensia García, destacó algunos datos recogidos en el informe como que a lo largo del año 2023 se vio una reducción de la tasa de paro en todos los tramos de edad: mayores de 50 años fue del 10,6% y en menores de 30 años se situó en el 21,3%. También destacó que más de 600.000 personas llevan más de cuatro años en búsqueda de empleo.

Asimismo, García resaltó que desde que se puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se contabilizaron más de dos millones de beneficiarios, en la que la mayoría son mujeres adultas, con una cuantía media de 478,59 euros.

Con estos datos, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas del sindicato añadió que "pese a la reducción de los desempleados y a una mayor cobertura del IMV, todavía hay muchas familias que no están protegidas con ninguna prestación".

Por ello manifestó que ha puesto tres cuestiones “relevantes encima de la mesa" al Gobierno, pero que parece que “no tienen respuesta positiva”, lo que les genera “una preocupación importante” y una “necesidad de abordaje inmediato”.

La primera de estas cuestiones que demanda CCOO es ampliar la cobertura a menores de 45 años sin cargas familiares reduciendo el tiempo de cotización de tres a un año para acceder al subsidio tras agotar las prestaciones contributivas.

Además, demandó que al subsidio de mayores de 52 años se le aplique el incremento de la cuantía durante los 12 primeros meses como al resto de subsidios, incluidos a emigrantes retornados y víctimas de violencia de género o sexual, quedando dentro de la cobertura de los subsidios y no integrándose en el Ingreso Mínimo Vital.

El segundo planteamiento presentado al Ejecutivo por parte del sindicato es el "problema" de los fijos discontinuos a tiempo parcial a los que "no se les permite compatibilizar el trabajo con la prestación contributiva".

La tercera y última propuesta se basa en la "necesidad de corregir" la pérdida del valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), indicador que determina la cuantía de las prestaciones asistenciales y los topes máximos y mínimos de las contributivas, entre otras materias y que "debería incrementarse un 14% para compensar la pérdida de su valor en los años en que no se ha incrementado hasta 2023, 17% si no se produce revisión durante 2024 por la no aprobación de Presupuestos Generales del estado para este año".

Por último, Bravo defendió la "necesidad de reforzar el sistema de protección social en su conjunto, de manera que todos los colectivos que hoy carecen de rentas puedan encontrar prestaciones económicas y sociales adaptadas a su situación particular, con itinerarios de inserción laboral o social, según se precise en cada caso".