La reunión de la Junta de Fiscales, que ha respondido ya positivamente a la petición de Juan Carrau, se celebrará una vez culminen las diligencias previas.

El juez del Tribunal Superior de Justicia Juan López Gayá investiga el presunto desvío de 50 millones de pesetas de la compañía adjudicataria de la obra del Túnel de Sóller a altos cargos del Partido Popular de Baleares o a empresas vinculadas a esta frmación.

El Grupo de Delincuencia económica, en un informe que obra en poder del juez, siguió la pista de un talón de 50 millones de pesetas librado a cuenta de la empresa en enero de 1989, meses después de la adjudicación de la obra por parte del Gobierno balear. Buena parte del dinero fue localizado en cuentas del PP de Baleares.

Izquierda Unida, personada como acusación particular, imputa al ex presidente Cañellas y al Consejo de Gobierno que aprobó la adjudicación los presuntos delitos de prearicación continuada y cohecho. La coalición atribuye al actual consejero de la Función Pública y ex secretario general del PP de las islas, José Antonio Berastain, el papel de "cooperado necesario" en la trama.

Gabriel Cañellas se vio obligado a dimitir en agosto de 1995 como presidente autonómico y del partido ante la magnitud del escándalo. Las diligencias judiciales se iniciaron hace más de un año.

Todas las partes personadas coinciden en afirmar que las diligencias previas han entrado en la ecta final. Para concluir la investigación, el juez López Gayá debe recibir la última prueba solicitada por IU: la vida laboral de Berastain. Según la coalición, el documento de la Seguridad Social demostrará que en el momento en que se pagaron las presuntas comisiones de la concesionaria del Túnel de Sóller Berastain era funcionario de la comunidad autónoma, contratado como asesor.

Una vez concluidas las diligencias previas, las partes deberán pronunciarse sobre la apertura de juicio oral y sobre la alificación de los delitos. Fuentes cercanas a la acusación particular confirmaron que solicitarán el procesamiento de los implicados en el sumario. Se prevé que la defensa pida el archivo de la causa. Por parte del fiscal, será la Junta integrada por 21 fiscales más el fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, y el teniente fiscal Ladislao Roig la que decida.