La personación del PSM, según explicó en rueda de prensa el portavoz de la formación política y diputado autonómico Pere Sampol, se debe a que "el Partido Popular de Baleares ha bloqueado las vías políticas de investigación".

El Grupo Popular en el Parlamento regional rechazó la creación de una comisión de investigación sobre la compra del edificio en el que esá ubicada la Consejería de Agricultura, por considerar que el expediente se ajustaba a la legalidad.

El Ejecutivo autonómico aprobó la compra de la sede de la Consejería de Agricultura en marzo de 1991. El Gobierno pagó 798 millones de pesetas a la empresa EDISALAM. En la operación actuaron como intermediarios Andreu Roig, que entonces era socio del presidente autonómico Gabriel Cañellas en la empresa Es Sementé, y José Salvá. Ambos cobraron una comisión de 40 millones de pesetas.

El Tribunal Suprior de Justicia abrió una investigación sobre la compra del inmueble a raíz de la denuncia presentada por Izquierda Unida. La formación política, personada como acusación particular, acusa a Gabriel Cañellas y a su Gobierno en el momento de la compra del edificio de los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos.

El abogado del PSM, Miguel Angel Mas, aseguró hoy que "existen elementos irregulares que deben investigarse a fondo". La formación política aportará al juez nueva doumentación que demuestra, según Pere Sampol, "que como mínimo hay tráfico de influencias".

Según los datos recabados por el PSM, Roig y Salvá mediaron en la venta al Ejecutivo autonómico de otros dos inmuebles, además del edficio de la consejería. Sampol afirmó hoy que "eso no es casualidad".