CASO AGRICULTURA. UN INTERMEDIARIO RECONOCE ANTE EL JUEZ QUE HUBO FACTURAS FALSAS EN LA OPERACION
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Andreu Roig, intermediario en la venta de la sede de la Consejería de Agricultura al Gobierno balear, reconoció ayer ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que investiga esta venta, que existen facturas falsas vinculadas a esta operación, según confirmaron hoy fuentes cercanas a la acusación particular.
Según la mismas fuentes, los representantes legales de la acusación particular sospechan que dichas facturas pueden encubrir el presunto cobro de comisiones ilegales.
Roig era socio de Gabriel Cañellas, ex presidente del Gobierno Balear, en la empresa inmobiliaria Es Sementé cuando se ejecutó la compra del inmueble, en marzo de 1991. Roig intermedió en la operación junto a José Salvá y Ventura Catany, con los que formaba la Inmobiliaria Mediterránea.
El juez instructor del denominado caso Agricultura somtió ayer a un careo a Roig y Catany, ya que éste último había afirmado en una anterior declaración como testigo que sus socios en Inmobiliaria Mediterránea le explicaron que Cañellas cobró una comisión de nueve millones de pesetas por la venta del inmueble. Roig negó haber hecho tal afirmación.
Por otro lado, hoy se celebró un careo entre Catany y el tercer comisionista, José Salvá. A la salida del Tribunal Superior, Catany explicó ante los medios informativos que se ratificó de nuevo en su versión delo sucedido, mientras Salvá negó que Cañellas hubiera cobrado comisiones.
Salvá aseguró ante los periodistas que "Catany no tuvo nada que ver con la operación de venta de la sede de la Consejería de Agricultura", y añadió que las gestiones de intermediación las realizó él y Andreu Roig.
Ventura Catany se ha querellado contra Roig y Salvá por considerar que no cobró la parte de la comisión que le correspondía. Según explicó hoy Salvá, la comisión total ascendió a 40 millones de pesetas.
El Goierno balear compró el edificio por casi 800 millones de pesetas a la empresa EDISALAM. Izquierda Unida interpuso una denuncia contra Cañellas y el Gobierno balear en el momento en que se ejecutó la compra por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos.
(SERVIMEDIA)
12 Dic 1996
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